Las 91 familias de la barriada ecijana de las viviendas sociales de la calle Estatuto de Autonomía, en el popular barrio de La Alcarrachela, han solicitado una reunión urgente con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a quien han dirigido una carta para exponer su situación de desamparo por la venta de viviendas sociales a un fondo de inversión.
Una representación de los vecinos, junto con el abogado que los representa, han mantenido un encuentro con el Grupo Parlamentario «Por Andalucia», concretamente con el parlamentario autonómico José Manuel Gómez Jurado, quien exige al presidente de la Junta «que Moreno Bonilla se ponga del lado de los vecinos, se ponga del lado de las familias, las proteja y no le ponga alfombra roja a los fondos buitres».
El Grupo Parlamentario Por Andalucía ha expresado su apoyo a la reclamación de las 91 familias de Écija, las cuales piden una reunión a la Junta de Andalucía con objeto de que intermedie ante la venta de sus viviendas de protección oficial de régimen especial en alquiler a un fondo de inversión.
En manos de una empresa
Las familias afectadas, que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, denuncian que, a pesar de las garantías ofrecidas en 2019 por la Delegación Territorial de Sevilla, que les aseguró que la Junta de Andalucía ejercería el derecho de retracto, las viviendas han acabado en manos de una empresa.
De esa adjudicataria ha indicado Podemos Andalucía que «ni siquiera cumple sus obligaciones fiscales, puesto que tiene deudas pendientes con Hacienda y con el Ayuntamiento de Écija».
Este partido ha remarcado que esa transferencia de la propiedad de los inmuebles, de manos públicas a privadas, «ha generado un calvario de incertidumbre para las familias», al tiempo que ha subrayado que muchas de ellas «llevan más de 20 años residiendo en estos inmuebles».
Entre 40 y 45 mil euros
Un portavoz de las familias afectadas ha detallado que la empresa propietaria de las viviendas ha lanzado una oferta inicial «el fondo buitre nos pide 40-45.000 euros».
Los vecinos invocan en una carta al presidente andaluz el artículo 47 de la Constitución Española, relativo al derecho a una vivienda digna, y reclaman «una solución política urgente».
Piden una reunión con Moreno y la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, para abordar el caso, así como la presencia del representante legal de las familias, Francisco Tejado Vaca, y del portavoz municipal Eligio García Jódar (Con Andalucía-IU-Podemos).
Las familias ecijanas afectadas exigen a la Junta de Andalucía «transparencia y acciones concretas» para evitar su desalojo que relacionan con «la especulación inmobiliaria ejercida con sus viviendas».
