Con fecha 26 de marzo el Juzgado de los Contencioso-Administrativo nº6 de Sevilla ha desestimado el recurso presentado por los vecinos de la calle Estatuto de Autonomía, cuyas viviendas sociales fueron adquiridas a través de una subastas por un fondo de inversión, una sentencia que será recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), aunque los vecinos piden soluciones desde el ámbito político.
El fallo de la jueza señala que el sentencia se puede interponer recurso de apelación en un plazo de quince días, bien ante el propio juzgado o ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, vía esta por la que van a optar los vecinos.
Carmen Ruiz es una de las vecinas de los pisos de la calle Estatuto Autonomía. Tras conocer los vecinos la sentencia, el sentir era generalizado «estamos un poco defraudados ante la justicia, porque no comprendemos que le den a una empresa que tiene muchas deudas, que está embargada por todos sitios, que se lo den a una empresa en esta situación y que no nos lo den a nosotros»
Vía política
Independientemente del recurso, los vecinos piden la intervención política en este asunto «yo lo que quiero es que actúe, y que nos quite este marrón que tenemos en lo alto. Nosotros este marrón no nos lo hemos buscado, en esto nos han metido, y como esto ha sido políticamente, pues ahora políticamente que nos saquen de este marrón».
En la misma línea se expresa Valle Miranda «la política nos ha metido, que la política nos saque», y reclaman una solución «está en sus manos, entre la alcaldía de Écija y la Junta de Andalucía»
Entre las opciones que proponen los vecinos, instan al Gobierno Local a que actúe ante las deudas que la empresa mantienen con el Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF), desde el que se tramitan los cobros de impuestos municipales.
Proxima reunión
Para los próximos días se anuncia una nueva reunión entre los vecinos y representantes del Gobierno Local donde valorará la sentencia y espera avanzar los pasos a seguir. En cualquier caso, las familias de las 91 viviendas ya avanzan que seguirán llevando a cabo acciones reivindicativas, para intentar revertir la situación que dejó las viviendas de carácter social en la que residen en manos de una empresa privada.
