Los votos a favor de los grupos municipales de Psoe, Fuerza Ecijana y Ciudadanos, han permitido dar el visto bueno al expediente de contratación de obra pública que tiene como objetivo encontrar una empresa que reforme, mejore, amplíe y gestione el complejo deportivo de “La Alcarrachela”, donde se incluyen las piscinas municipales.
El pleno ordinario del mes de abril ha llevado entre sus puntos la aprobación de este expediente para la gestión de estas instalaciones públicas por un periodo de veinte años y por un importe de algo más de dos millones de euros, unas condiciones que no convencieron a ninguna empresa en un primer intento que se llevó a cabo en 2020.
Para intentar adaptar las convocatoria al mayor número de empresas posibles, se ha añadido una enmienda para favorecer el acceso de Pequeñas y Medianas Empresas.
El complejo deportivo al que se refiere este expediente incluye como elementos principales dos piscinas: una cubierta y otra al aire libre para verano. Pero además cuenta con otras instalaciones para para la práctica deportiva. La empresa que finalmente gane el procedimiento, deberá de reformar, mejorar, ampliar y gestionar todo el complejo.
En el transcurso del debate de aprobación del expediente, varios han sido los grupos municipales que han defendido una gestión pública de las instalaciones, aunque al mismo tiempo han coincidido en que lo más urgente es la recuperación del servicio para ciudadanía y la subrogación de los trabajadores.
Algunos de estos grupos también han defendido una división en lotes del complejo deportivo para hacer más atractiva la oferta.
Finalmente el expediente de contratación se ha aprobado con los votos a favor de Psoe, Fuerza Ecijana y Ciudadanos, mientras que PP, Izquierda Unida y Podemos se han abstenido. Vox no estaba presente en este punto
Complejo deportivo “La Alcarrachela”
En diciembre de 2019 la empresa que hasta ese momento había estado gestionando las instalaciones anunció su marcha. En enero de 2020 el ayuntamiento las recepcionó y anunció una plan de urgencia para reactivar el servicio hasta que de nuevo se sacase a licitación. El plazo inicial no se cumplió y posteriormente se decretó el estado de alarma como consecuencia de la pandemia de COVID-19. En julio de 2020 se llevaba a pleno que el procedimiento había quedado desierto y se acordaba el inicio de uno nuevo.
