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    El PP pide que los responsables políticos del Consorcio de Aguas “Plan Écija” faciliten informes sobre la afección por benceno

    La presidenta del Partido Popular en Sevilla, Virginia Pérez, y la portavoz del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Écija, Silvia Heredia, ha pedido a los responsables políticos que conforman el Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas “Plan Écija” que den explicaciones como miembros del Consorcio y que faciliten todos los informes referentes a la afección por benceno que provocó que el agua se declarase no apta para el consumo en 15 municipios.

    Virginia Pérez, que se ha desplazado hasta las instalaciones que el Consorcio tiene en Écija y donde se localizó el origen de la contaminación, ha señalado que este problema es lo suficientemente grave para que los responsables políticos que están representados en la Junta General, en su mayoría alcalde de los municipios que conforman el Consorcio, den explicaciones “es importante saber cuando surgió el problema, sabemos cuando se suspende por Salud Pública el consume de agua potable porque los índices de benceno son altos, pero no sabemos si esos índices se van incrementándose o si hay informes anteriores”. Al mismo tiempo Virginia Pérez recuerda que el Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una investigación al respecto “nunca se habían dejado 15 poblaciones sin consumo de agua potable en pleno siglo XXI”.

    En esta misma línea, aunque a nivel local, se ha expresado la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Écija, Silvia Heredia, quien reprocha al alcalde, el socialista David García Ostos, que como vicepresidente del Consorcio no tenga acceso a los informes sobre lo sucedido “para qué queremos los cargos, para qué queremos ser el responsables de estas instalaciones, como vicepresidente que es, si no tiene acceso a la información”.

    Bonificación e indemnizaciones

    Por otro lado, el PP pide que se bonifique con el cien por cien de la factura del agua para los vecinos afectados, unos 180.000 aproximadamente, y una indemnización para las empresas que se hayan podido ver perjudicadas por no poder usar el agua potable que suministra el Consorcio durante el tiempo que fue considerada como no apta para el consumo.

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