En sesión plenaria ordinaria del mes de abril se ha dado luz verde a la declaración como oferta económica más ventajosa la presentada por la Unión Temporal de Empresas (UTE) Endesa Ingeniería S.L.U- ENEL SOLE SRL, para la gestión integral de las instalaciones del alumbrado público.
La propuesta presenta por esta UTE es considerablemente inferior a las previsiones planteadas desde el Consistorio astigitano, desde donde se barajaba con una cantidad máxima la de 600.000 euros. La oferta económica presentada, y que finalmente ha servido para declararla la más ventajosa entre dos -en detalles técnicos han sido similares- supone 492.470 euros, con lo que se consigue un ahorro para las arcas municipales. En este sentido el delegado de Urbanismo y Obras Públicas del Ayuntamiento de Écija, Rafael Serrano, “partíamos de un coste aproximado de 720.000 euros, y pusimos un coste límite en el contrato de 600.000 euros. Finalmente, hemos conseguido rebajarlo a 492.470 euros, lo que supone un ahorro a los ecijanos y ecijanas de 228.000 euros. Una mejora porque las luminarias van a ser nueva y se va a llevar a cabo un control digital de las mismas”.
La UTE Endesa Ingeniería S.L.U- ENEL SOLE SRL, gestionará, según el Gobierno Municipal, el alumbrado público durante los próximos dieciocho años, quince años de duración del contrato, más tres años más de garantía adicional, y llevara a cabo la renovación de la práctica totalidad de la luminaria de la ciudad, en torno a 6.800. Además, se van a cambiar en torno a 1.893 brazos de farolas, que ahora van a ser de aluminio. El Gobierno Municipal prevé que se producirá antes de finales de año, tal y como se recoge en el contrato.
La finalidad es mejorar la eficiencia y el ahorro energético, así como, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y limitar el flujo luminoso nocturno, la contaminación lumínica y la reducción de luz intrusa o molesta. Además, el Gobierno Municipal, estima un consumo del 40% inferior al actual, lo que conlleva la emisión de menos oxígeno a la atmósfera y por tanto, menor contaminación.
Desde la oposición se opina que este paso significa una privatización del servicio, y se cree que deliberadamente se ha llevado a cabo una devaluación del servicio para justifica la privatización. En relación a la empresa que se hará cargo del servicio, Izquierda Unida criticaba que las empresas locales no hayan tenido opciones de optar por el servicio debido a la presencia de multinacionales.
