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    El PA de Écija traslada a la Cámara y el Tribunal de Cuentas el caso de los ingresos del PGOU

    El portavoz del PA en el Ayuntamiento de Écija, Fernando Reina, ha remitido a la Cámara de Cuentas de Andalucía y al Tribunal de Cuentas toda la documentación relativa al empleo «en gastos corrientes» de más de nueve millones de euros ingresados por el Ayuntamiento, gobernado por Juan Wic (PSOE), gracias a los convenios urbanísticos del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), un caso ya archivado en el ámbito judicial.

    Fernando Reina informó a Europa Press que, después de que el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Écija decretase el archivo de las diligencias, los andalucistas han trasladado los hechos a la Cámara de Cuentas de Andalucía y al Tribunal de Cuentas, sobre todo porque el propio juzgado que sobreseyó la causa zanjaba que el asunto no ocultaba «delito penal», pero podría constituir una «ilegalidad administrativa» al ser empleados estos fondos en conceptos diferentes a los estipulados por la Ley.

    “La Ley se ha vulnerado», dijo el portavoz andalucista en cuanto a los hechos, que motivaron la apertura de diligencias contra el alcalde por un supuesto delito de prevaricación hasta que el juzgado resolvió archivar las diligencias.

    El auto que archivaba las diligencias, recogido por Europa Press, respondía a la denuncia elevada por la Fiscalía, a instancias del PA, en cuanto al destino de nueve millones de euros ingresados por el Ayuntamiento astigitano gracias a los convenios urbanísticos del planeamiento, porque los andalucistas acusaban a Wic de consumir estas partidas en gastos corrientes pese a que la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA) canaliza estos ingresos al desarrollo del patrimonio público del suelo.

    POSIBLE «INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA»

    La juez Alicia Mónica Sánchez basa el sobreseimiento de las diligencias en el informe emitido por el tesorero del Ayuntamiento de Écija, Eduardo Martín Montaño, quien admitía «por primera vez, una excepción al principio de unidad de caja para que, en lo que a los citados ingresos se refiere, se «consigne una cuenta indisponible hasta la aprobación definitiva del correspondiente instrumento de planeamiento o de la unidad de ejecución». El tesorero, en su «entender» consideró que los fondos podrían estar ya disponibles con la aprobación «provisional» del PGOU.

    «Sin perjuicio de que los hechos puedan ser constitutivos de una infracción de carácter administrativo», la juez explicaba que el citado informe, entre otros, prueba que Wic «se ha ajustado en todo momento» a los informes incluso de la Secretaría General del Consistorio, quedando «acreditado» que todos los gastos denunciados por el PA «se formalizaron con la firma del tesorero y el interventor».

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