Continúan las reacciones de los grupos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía y en el Ayuntamiento de Écija tras la proposición no de ley (PNL) que presentó el pasado miércoles el Grupo Parlamentario del PSOE pidiendo a la Junta de Andalucía que ejerza el derecho de Tanteo y Retracto en el caso de las viviendas sociales de Écija que han sido subastadas y adjudicadas a un fondo de inversión.
Esta PNL no salió adelante por los votos en contra del Partido Popular y Ciudadanos, así como la abstención de VOX. Precisamente esta última formación, que cuenta con un concejal en la Corporación Municipal de Écija, ha remitido un comunicado en el que recogen la intervención que realizó el parlamentario Macario Valpuesta para debatir su posicionamiento hacia esta PNL.
El parlamentario de VOX reconocía en su intervención y así lo recoge el comunicado, que “nos falta información para saber si en esa caducidad de plazo ha habido algún tipo de negligencia, o incluso de conducta dolosa por parte de alguna administración” y que por ello no entran a valorar asuntos como las fechas de notificación o los compromisos adquiridos y las competencia de las administraciones.
Lo que si hacen desde VOX es lanzar una pregunta sobre la responsabilidad y decisiones que ha podido tomar el Ayuntamiento de Écija en esta asunto “¿Por qué el Ayuntamiento no adquirió las 91 viviendas como hizo en 2020 con las otras 17 de la calle Villarreal que estaban en un situación similar?”, algo que critican por considerar que forma parte “de esas tretas consistentes en tratar de colgar el mochuelo a las administraciones rivales en aquellos asuntos espinosos en los que uno no es capaz de resolver”.
Por otro lado califican de “cuanto menos hipócrita y populista dar a entender a la opinión pública que la administración deja a los pies de los caballos a las familias vulnerables de Écija” y considera que el PSOE “ha tenido la oportunidad, a nivel nacional como autonómico, de haber hecho una legislación más clara y aplicable”.
VOX considera que una vez superado el plazo “poco más se puede hacer”, más allá de estar vigilante para que los nuevos propietarios de las viviendas “mantengan las características contractuales y de protección oficial que tiene que cumplir hasta 2030”, concluye.
