Una veintena de trabajadores de Aqua Campiña, se han concentrado a las puertas de las oficinas de la empresa como medida de protesta ante el incumplimiento de la sentencia favorable para sus intereses del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en la que se reconoce la vigencia de convenio de empresa en lugar del convenio estatal de la empresa, que forma parte del grupo FCC-Aqualia.
Esta sentencia se conoció en mayo de 2016, pero no ha sido hasta enero de este mismo año cuando se ha comunicado a los trabajadores que por parte de la empresa se ha presentado un recurso en casación ante el Tribunal Supremo, y que dicha sentencia no tendrá que ser ejecutada mientras que esta no sea firme “al día de hoy tenemos una sentencia que reconoce la vigencia del Convenio de AQUA CAMPIÑA. Convenio que se tenia que estar aplicando si la empresa no hubiese recurrido. Que mediante artimañas, usando vericuetos legales se ha tardado NUEVE MESES en notificársenos el recurso”, según recoge el comunicado que los trabajadores han leído en la concentración.
En ese mismo texto los trabajadores recuerdan que han pasado tres años desde que la empresa tomase una decisión unilateral al aplicar el convenio estatal –FCC-Aqualia- y dejando sin vigor el convenio de la empresa Aqua Campiña, al que se encontraban acogido 23 trabajadores del antiguo servicio municipal de agua y que pasaron a formar parte de la empresa tras la privatización del servicio, y que desde entonces esta manteniendo una lucha desigual “ellos disponen de cuantiosos recursos, carísimos bufetes de abogados, asesores de todo tipo y sobre todo, no les importa el tiempo, ya que siempre juega a sus favor y en contra de la masa social, que es quien padece sus injustas medidas.”
Al mismo tiempo aplauden la puesta en marcha de una Comisión de Seguimiento, recientemente creada, con la que se podrá “fiscalizar, entre otros asuntos, el cumplimiento de las condiciones económicas y laborales pactadas en dicho documento, y fuerce, ahora por vía administrativa, a cumplir con las obligaciones reflejadas en dicho pliego, e de la forma más inmediata posible, conmine a la empresa a reparar los daños ocasionados a los trabajadores y les restituya todos los derechos arrebatadas por la empresa”.
En conclusión, los trabajadores de Aqua Campiña han pedido el cumplimiento de la sentencia del TSJA y por otro lado que se cumpla con el pliego de condiciones que se aprobó en pleno de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Écija en abril de 2001.
Por último los trabajadores sospechan de la existencia de una relación directa entre los recortes salariales de la plantilla de hasta un 40% y el impacto negativo en los resultados que ha supuesto en Aqua Campiña, y el cobro de más de 640.000 euros en intereses por parte Aqualia tras un acuerdo del Consejo de Administración en 2012, algo que el pleno del Ayuntamiento de Écija aprobó investigar en 2015 por parte de los Servicios Jurídicos del ayuntamiento y las posibles causa de impugnación del acuerdo de la empresa, así como la declaración de dicho acuerdo como nulo de pleno derecho.
De persistir la situación actual, los trabajadores no descartan poner a disposición de sus abogados la documentación “por si se pudiese desprender de su estudio la comisión de algún delito económico, incluso penal”, concluye el documento.
Los trabajadores, tras su concentración a las puertas de la sede de la empresa, han emprendido una marcha por la avenida Miguel de Cervantes hasta el Palacio de Benamejí donde de nuevo se han concentrado y han asistido a la sesión plenaria del mes de febrero.
