La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) será la encargada de prestar servicio de asesoramientos a aquellos ciudadanos que presenten problemas económicos para afrontar el pago de las cuotas del préstamo hipotecario o el arrendamiento de su vivienda habitual.
Este servicio es fruto de la adhesión del Ayuntamiento de Écija al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda que esta tarde han firmado en la ciudad la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, y el alcalde de la ciudad, Ricardo Gil-Toresano.
Gracias a esta adhesión los vecinos de la ciudad no tendrán que desplazarse hasta Sevilla para acceder a los servicios que se ofrecen desde la oficina establecida en la Delegación de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio, ya que estos servicios se ofrecerán desde los servicios municipales “el ayuntamiento se convierten en puerta de entrada a las oficinas”, ha señalado Cortés, quien también ha destacado que la experiencias registradas demuestran “que es una herramienta útil desde el punto de vista de la prevención y desde el punto de vista de la mediación”.
Por su parte el alcalde ha calificado como una “lacra” los desahucios que están sufriendo las familias españolas, por lo que ha destacado que “superando cualquier tipo de ideología” se va a colaborar con la consejería y confía en que se puedan evitar que algunas familias ecijanas tengan que pasar por este trance.
El acuerdo firmado por la Consejería y el ayuntamiento garantiza el desarrollo y aplicación efectiva en el propio municipio de los servicios de asesoramiento, intermediación y protección ante los desahucios que contempla el programa.
El ayuntamiento también acuerda, mediante servicios sociales y previa solicitud de la Delegación Territorial de la Consejería, realizar los informes que sean necesarios para comprobar, con carácter de urgencia y en un plazo máximo no superior a 15 días, la situación social y económica de las personas que solicitan los servicios de protección con el fin de determinar si se encuentran en riesgo de exclusión social.
El convenio establece la colaboración entre la Consejería de Fomento y Vivienda y el Ayuntamiento para ofrecer soluciones a aquellas familias que hayan sido desahuciadas y que cumplan con los requisitos para ser adjudicatarias del parque residencial de titularidad pública.
El Ayuntamiento facilitará a la Delegación Territorial de la Consejería información relativa de los registros municipales de demandantes de vivienda protegida con el fin de poder ofrecer el mejor servicio a las personas que tienen dificultades para afrontar el pago de la cuota hipotecaria mensual.
Se contempla la constitución de una Comisión de Seguimiento para dar respuestas a las cuestiones que se puedan suscitar en relación con el desarrollo del convenio y para realizar el seguimiento del mismo. El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables.
Con este convenio son 26 los municipios del provincia que ya se han adherido a este programa, mientras que en toda Andalucía superan los doscientos.
