El Ayuntamiento de Écija ha recibido la confirmación oficial de la aprobación definitiva de la subvención del 1,5% Cultural del Ministerio de Fomento, por la cual se podrá ejecutar el proyecto de rehabilitación de una parte del Palacio de Peñaflor. El plazo para la justificación de la obra es de 18 meses, aunque desde el ayuntamiento no se descarta solicitar una ampliación.
El delegado de Gestión del Espacio Urbano, Sergio Gómez, ha señalado que el proyecto del Palacio de Peñaflor ha sido aprobado definitivamente en los mismo términos que en la aprobación provisional, esto quiere decir que el Ministerio de Fomento aportará el 75% de la obra y el Ayuntamiento de Écija tiene que soportar, con partida expresada en el presupuesto municipal, el 25% restante. En este sentido, el responsable municipal ha adelantado que no hay nada que impida buscar otras ayudas que soporten la parte correspondiente al Consistorio, por lo que se van a buscar la implicación de otras administraciones.
El proyecto contempla la rehabilitación de la fachada, el patio de entrada, la escalera imperial, las caballerizas, el torreón y las estancias que se encuentran en el mismo, el objetivo es «retornar el estado del palacio como estaba», añade Gómez.
Sobre los plazos, la ayuda contempla un tiempo máximo para la justificación de la obra de 18 meses desde finales del pasado mes de diciembre, aunque ya se piensa en solicitar una ampliación porque se estima que los plazos están muy ajustados «estamos hablando que un proceso de licitación abierta se irá a cinco o seis meses», señala el delegado, a lo que hay que sumar 12 meses de ejecución de la obra. También cabe la posibilidad de utilizar «un ente instrumental» para evitar la licitación abierta y recortar los plazos.
Resolución judicial
A todo esto hay que sumar la resolución judicial sobre la propuesta de la empresa Gespromobys, adjudicataria de la rehabilitación y posterior explotación del Palacio de Peñaflor, presentaba en el registro municipal de Écija en la que se solicitaba una transacción judicial en la que se recoge una aportación de 60.000 euros para poner fin al contrato que vincula a la empresa y al ayuntamiento, y que en estos momentos se encuentra inmersa en un procedimiento judicial.
