El Ayuntamiento de Écija ha presentado el recurso de alzada que anunció semanas atrás para intentar dar marcha atrás a la decisión de la Junta de Andalucía de no intervenir en la adjudicación por subasta pública de las 91 viviendas sociales de las calle Estatuto de Autonomía.
Gobierno Local persigue dos objetivos con esta medida: por un lado la impugnación jurisdiccional del acto de transmisión de las viviendas para conseguir que la resolución registral quede sin efecto y de nuevo se abra el plazo de sesenta días para ejercer el derecho de retracto que solo es “competencia de la Junta de Andalucía”, según ha insistido la portavoz de municipal, Rosa Pardal quien detallaba como segunda opción que “la Junta de Andalucía, directamente o a través de cualquier de los entes que la constituyen, puedan ejercer la compra de estas viviendas”.
El documento, que ha sido presentado como un texto técnico, no político, ha sido redactado por el equipo jurídico del Ayuntamiento de Écija y recoge los hechos acontecidos en torno a esta y la totalidad de promociones de viviendas que pertenecían a la Empresa Municipal de Urbanismo (EMU) y la Sociedad Ecijana para el Desarrollo Económico (SEDESA).
A partir de ahora la Junta tiene un plazo de tres meses para dar una respuesta y en caso de ser contraria a los objetivos del recurso de alzada, el Gobierno Local ya avanza que acudirá a otras vías “en función de la respuesta, si tenemos que acudir a los tribunales, es muy determinante para nosotros, está dentro de nuestra decisión política, acudir a esos tribunales para conseguir que de una manera u otra esas viviendas permanezcan dentro del parque de vivienda protegida”, añadía la responsable municipal, que justificaba la presentación de este recurso de alzada ante el incumplimiento del compromiso adquirido por parte del Gobierno Autonómico, hasta en dos ocasiones “trasgreden el principio de lealtad institucional entre las administraciones”.
Mientras se resuelve este vía, y las posteriores, en caso de tener que recurrir a ellas, el Gobierno Local asegura que “vamos a estar muy atento a esas actuaciones que la empresa va a ir desarrollando en esas viviendas” y se informará a la consejería “para que se vele por los derechos de las familias”, concluía Pardal.
Moción conjunta
La presentación del recurso de alzada se conocer el día después de la aprobación en pleno de una nueva moción donde la mayoría de los grupos municipales solicitan a la Junta que articule los medios necesarios para adquirir las viviendas. Esta moción fue presentada por PSOE, FuE, Ciudadanos, IU y Podemos, y finalmente también contó con el voto a favor del PP y la abstención de VOX. Mientras se debatía la moción y durante una gran parte de la sesión plenaria, más de un centenar de personas se concentraban -en la imagen- a las puertas del Palacio de Benamejí, lugar que acoge el Salón de Plenos, en protesta por la adjudicación de las viviendas sociales a una empresa privada.
