El parlamentario andaluz por el Grupo del Partido Popular, Juan Bueno, se ha desplazado hasta Écija donde ha culpado a los gobiernos locales del Partido Socialista que ha tenido la ciudad, como “los culpables” de la situación a la que se ha llegado en el caso de las viviendas sociales de la calle Estatuto de Autonomía.
Juan Bueno ha señalado a los gobiernos del PSOE desde 2003 a 2010 como los autores del “destrozo” de SEDESA, añadiendo que en los últimos seis años “no han movido ni un solo dedo” en buscar una solución para las 91 viviendas “ellos, los gobierno socialistas generaron el problema. Ellos, los gobiernos socialistas del Ayuntamiento de Écija alimentaron el problema y ahora lo que han hecho es salir corriendo para no darle la cara a los vecinos”.
En su intervención el parlamentario andaluz también ha utilizado el argumento de la enmienda presentada por su grupo en la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio del Parlamento de Andalucía, a la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista en relación a instar la Junta de Andalucía que ejerza el derecho de retracto tras la adquisición en subasta pública de las viviendas a un fondo de inversión. Según Bueno, quien debería de haber ejercido este derecho en su momento era el Ayuntamiento de Écija “ni siquiera ha usado ese derecho de tanteo y retracto del que hablan que tiene que hacer la Junta de Andalucía y que ellos siendo los titulares de la promoción de estas viviendas no ejercieron ese derecho”, apostillando que el ayuntamiento podía haberlo llevado a cabo.
A lo que el presentante del PP no ha dado respuesta, aunque se le preguntaba sobre ello, ha sido al retraso de la Junta en comunicar al Ayuntamiento de Écija la fecha en la que se recibió la comunicación de la adjudicación de la subasta, un dato que en su momento era imprescindible para conocer los plazos disponibles para ejercer el derecho de retracto. Según señalaban desde el Gobierno Local la pasada semana, finalmente se ha conocido que la comunicación se trasladó a la Junta el 14 de abril, abriéndose en ese momento un plazo de 60 días para intentar recuperar la titularidad pública de las viviendas, y no fue hasta el 28 de junio, 14 días después de finalizar el plazo, cuando la administración autonómica informa de los plazos y que estos han concluido, así como su posicionamiento de no aplicar el retracto.
