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    La Junta tiene la última palabra sobre el futuro de las viviendas de Estatuto de Autonomía

    Desde el pasado viernes la empresa que presentó la mayor oferta en subasta pública por las 91 viviendas de la avenida Estatuto de Autonomía y que se encontraban en proceso concursal por la liquidación de la empresa municipal SEDESA, cuenta con la adjudicación de las mismas al hacer efectiva la puja de 1,4 millones de euros.

    Esta situación hace propietarios–de momento, falta escriturar-, de este conjunto de viviendas a una empresa con sede social en Madrid, pero aún existe la posibilidad de que estas viviendas sigan siendo de titularidad pública.

    En este tipo de procesos existe la figura del derecho de retracto, el cual puede ejercer la Junta de Andalucía y supone que desde la administración autonómica puede evitar la venta a una entidad privada igualando la oferta, o sea, pagando por las viviendas los 1,4 millones de euros.

    Según señalan desde el Gobierno Local de Écija y algunos partidos de la oposición, en los últimos años la Junta a expresado su deseo de que estas viviendas sigan siendo de titularidad pública y esto supondría qué, llegado este caso, ejercería su derecho de retracto.

    De este modo se les ha explicado este lunes a los vecinos que residen en estas viviendas por parte los representantes municipales “vamos a reclamarlo, vamos a pedirlo, vamos a solicitarle que ejerza este derecho en beneficio de las familias ecijanas que habitan estas viviendas”, apuntaba el delegado municipal de Gestión del Espacio Urbano, Sergio Gómez, quien señala que la administración autonómica tiene 60 días para hacerlo y que existe un compromiso entre Ayuntamiento de Écija y Junta de Andalucía de que se haría si se llegaba a esta situación, ya que se confiaba en que la subasta quebrase, tal y como ocurrió en una primera ocasión.  

    Apoyo de grupos de la oposición

    Esta misma línea se encuentran grupos de la oposición como Izquierda Unida y Podemos, ambos han ofrecido sendas ruedas de prensa para exponer su postura al respecto y coinciden en que la Junta debe de ejercer su derecho de retracto para garantizar que las viviendas sigan siendo perteneciendo al parque de vivienda pública.

    Por parte de Podemos Écija instan al Gobierno Local a que siga “dialogante y al vez presionando a todo aquel que lo requiera” para que los vecinos tengan la garantía y seguridad de poder seguir residiendo en sus viviendas.

    Izquierda Unida por su parte ha recordado que a una pregunta de su grupo en el Parlamento de Andalucía la Junta expresó su preferencia de que estas viviendas siguiesen siendo de titularidad pública, por lo que irán de la mano del Gobierno Local para pedir a la administración autonómica que cumpla su compromiso.

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