El pasado viernes 26 de noviembre, desde el Ayuntamiento de Écija se presentaba ante la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, un recuso como respuesta a la desestimación del recurso de alzada que ya presentó el Consistorio astigitano ante la decisión de la Junta de Andalucía de no ejercer el derecho de retracto para impedir la adquisición de 91 viviendas con protección social por una empresa privada.
Este recurso contencioso administrativo supone iniciar una nueva vía, una vez finalizada la administrativa, para reclamar que las viviendas sigan formando parte del parque de vivienda pública “no le queda otra opción al ayuntamiento”, apuntaba la portavoz municipal, Rosa Pardal.
A partir de ahora se inicia un proceso que comienza con la admisión a trámite del recurso y desde ese momento la Junta tiene un plazo de 20 días para facilitar la información que se le requiera por el tribunal. Un periodo similar tendrá el ayuntamiento a continuación para dar una respuesta. Será entonces cuando se fije una fecha para el contencioso, algo que, teniendo en cuenta los plazos, no llegará hasta 2022.
Las 91 viviendas sociales de la avenida Estatuto de Autonomía salieron a subasta como parte del proceso concursal de la Sociedad Ecijana para el Desarrollo Económico (SEDESA). La promoción de vivienda fue adquirida por un fondo de inversión y desde ese momento el Ayuntamiento de Écija ha pedido a la Junta que ejerza el derecho de retracto y recupere las viviendas. La posición de la administración autonómica ha sido no dar ningún paso al respecto esgrimiendo las imposibilidad de hacerlo. El pasado mes de julio se presentaba un recurso del alzada por parte del ayuntamiento, y la Junta lo rechazaba en octubre. Una vez agotada la vía administrativa se llega a la judicial.
