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    Al menos un ecijano entre las víctimas de la organización dedicada a estafas por Internet con base en San Fernando

    La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal especializada en realizar estafas a través de Internet que se asentaba en San Fernando (Cádiz) pero contaba con ramificaciones en todo el territorio nacional. En la operación hay más de 100 investigados y 20 detenidos, de los cuales siete ya han ingresado en prisión. Al menos una las personas estafadas se localiza en Écija, motivando la participación en la operación de la unidad de Delitos Tecnológicos de comisaría astigitana.

    Según informa el Cuerpo Nacional de Policía en una nota, los más de 100 investigados actuaban desde hace varios años, realizando ofertas fraudulentas de todo tipo de bienes de consumo susceptibles de venderse como artículos de segunda mano. En concreto se les atribuye la comisión conjunta y reiterada de más de 800 denuncias de estafas realizadas a víctimas de toda España, con un perjuicio económico que supera con creces los 190.000 euros.

    Además, para dar mayor credibilidad ante quienes se interesaban por los anuncios, los estafadores creaban perfiles falsos en redes sociales y los vinculaban de forma fraudulenta a documentos de identidad que anteriores víctimas les habían facilitado con la excusa de realizarles un contrato de compraventa.

    La operación comenzó hace varios años, tras tener conocimiento de la posible existencia de una organización dedicada a estafar a compradores de segunda mano. Con las primeras pesquisas y tras varias denuncias presentadas comprobaron que los implicados usurpaban la identidad de otras para vender productos inexistentes y para dar credibilidad a sus publicaciones republicaban anuncios reales ya existentes en la misma aplicación de compraventa o en otras similares.

    Según la Policía, el avance de la investigación permitió descubrir que los implicados buscaban y recopilaban datos de anuncios verdaderos en portales de Internet para obtener información original de artículos que posteriormente vendían como suyos. De esta forma se hacían pasar por compradores, interesándose por estos objetos y solicitando a los ofertantes copias digitales de las facturas, recibos o garantías. Además, a ser posible, intentaban conseguir una copia del documento de identidad del vendedor legítimo.

    Posteriormente dicha documentación la empleaban para hacerse pasar por los vendedores reales y acreditar así una falsa disponibilidad de los artículos falsos que ofertaban. Para ello se daban de alta con identidades ficticias en escaparates de comercios digitales y publican anuncios de forma reiterada de artículos inexistentes.

    Pedían “selfies” con el DNI

    Además, para ganarse la confianza de los interesados en los anuncios, los estafadores enviaban a los posibles compradores copias de documentos de identidad reales que habían conseguido previamente y de forma fraudulenta. A su vez, a las nuevas víctimas, les pedían a cambio fotografías de los suyos con cualquier excusa, como por ejemplo realizar un falso contrato de compraventa, pidiéndoles incluso ‘selfies’ en los que debían posar sosteniendo su DNI.

    Después escogían y filtraban esta información robada en función del carácter de las mismas o de la proyección social del afectado. Para simular aún mayor veracidad ante quienes se interesan por los anuncios, los estafadores llegaron a crear perfiles falsos en redes sociales, vinculando dichas páginas a esos documentos e interactuando con los clientes mediante dichos perfiles.

    Los investigadores han detectado más de 130 documentos nacionales de identidad que la organización podría haber utilizado de forma ilegal usurpando la identidad de sus propietarios. Por lo que, al menoscabo económico sufrido por los perjudicados por la suma del dinero perdido, se le unen los posteriores agravios derivados del hecho de que esa identidad robada sea difundida en la red.

    Extensa red de “muleros”

    Finalmente, para realizar la compra de los falsos productos, los investigados solicitaban el dinero a los perjudicados a través de transferencias a cuentas bancarias o a nuevas modalidades de envío de dinero en la banca online. A lo largo de la investigación, los agentes han detectado más de 200 cuentas bancarias y giros postales. Para ello la cúpula de la organización se valía de una extensa red de ‘muleros’ construida con el paso de los años.

    La operación ha culminado con la detención de varios de los cabecillas, y con la ejecución de entradas y registros en varios domicilios. Los dirigentes están investigados como presuntos autores a un delito de pertenencia a organización criminal y delitos continuados de estafa, blanqueo de capitales y usurpación de identidad.

    El resto de colaboradores en función de su grado de participación han sido investigados como presuntos autores de los delitos de estafa, usurpación y blanqueo de capitales.

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