La Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio del Parlamento de Andalucía ha rechazado la proposición no de ley (PNL) presentada por el Grupo Socialista para que la Junta de Andalucía ponga en práctica la Ley andaluza de Tanteo y Retrato en relación a la promoción de 91 viviendas sociales de la calle Estatuto Autonomía de Écija, que han sido adjudicadas en subasta pública a una empresa privada.
La petición de los socialistas no ha contado con los votos del Grupo del Partido Popular y el de Ciudadanos, mientras que VOX se ha abstenido.
Los populares han presentado una enmienda a la PNL en la que piden traspasar la competencia de ejercer el derecho de retracto al Ayuntamiento de Écija, una propuesta que los socialistas han rechazado por considerar que esta enmienda supone “echar balones fuera” porque la competencia corresponde a la administración autonómica y la ha calificado como una “deslealtad” con el Gobierno Local de Écija, con los vecinos e incluso con el PP de Écija “que votó a favor de que la Junta ejerciera el retracto, y por supuesto es una deslealtad a estas familias vulnerables”
El posicionamiento de VOX se ha sustentado en que la PNL llega tarde –ya que el plazo para ejercer el derecho de retracto ya se ha superado– y que de llevarlo a cabo se estaría cometiendo una ilegalidad, aspectos en los que coincide Ciudadanos quien también considera, al igual que el PP, que el problema de esta situación radica en la gestión municipal.
Tras la votación
La secretaria general del PSOE de Sevilla y parlamentaria autonómica, Verónica Pérez, ha criticado en un comunicado que la Junta «dé la espalda» a dichas familias cuyas viviendas han pasado a manos de un fondo de inversión en un procedimiento de subasta tras la liquidación de la empresa municipal Sedesa.
Pérez ha destacado en su intervención que «el Gobierno andaluz tiene un instrumento jurídico a su alcance para salvar a estas familias de la incertidumbre, una ley pensada para proteger a familias indefensas ante los desahucios y que fortalece el sistema de control de vivienda protegida».
Por último el PSOE ha criticado que el Gobierno andaluz haya decidido posicionarse «del lado de la especulación inmobiliaria”.
