Un vecino de Écija lleva más de dos años esperando para conocer la sentencia referente a una reclamación que presento contra el Ministerio de Sanidad, en concepto de responsabilidad patrimonial por lo que se considera una grave «reacción adversa» a la vacuna contra el coronavirus COVID-19, traducida en una mielitis o afección neurológica como consecuencia de la cual le ha sido reconocido «un grado de discapacidad del 84 por ciento».
El joven, que en la actualidad cuenta con 21 años de edad, se encuentra «postrado en una silla de ruedas de por vida con unas limitaciones muy severas», según señala su abogado, quien añade en su argumentario que «los científicos certifican que su penoso estado de salud está en relación directa con la vacuna».
Las limitaciones que padece hacen necesaria la ayuda diaria de tercera personas para llevar a cabo acciones básicas como ir al baño, asearse o cortar los alimentos.
Hechos
Según recogían el relato de los hechos realizada por el abogado que lo representa y presentada en la reclamación de 2023, este vecino de Écija, tras serle administrada la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19 el 23 de septiembre de 2021, comenzó a «sufrir parestesias y pequeñas alteraciones sensitivas con debilidad en ambos brazos»; toda vez que ya en diciembre comenzó a afrontar «alteraciones motoras en las piernas y dolor en la espalda que fueron empeorando hasta» imposibilitarle «por completo la marcha», acudiendo a Urgencias del hospital de Écija el 13 de diciembre de 2021.
Fue derivado al hospital Virgen del Rocío de Sevilla en enero de 2022, donde le fue diagnosticada una «lesión medular incompleta (…) izquierda de causa médica en probable relación a etiología inflamatoria», asegurando en su escrito que tras permanecer en la Unidad de Lesionados Medulares de dicho centro, Servicio de Neurología del Hospital Virgen del Rocío le diagnosticó «mielitis transversa en relación temporal con la segunda dosis de vacuna con Covid».
Fruto de ello, según detallaba en su escrito «como consecuencia de las lesiones sufridas tras la vacuna por Covid-19» se le reconocía en diciembre de 2022 «un grado de discapacidad del 84 por ciento por resolución de la Delegación Territorial de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad».
Un millón de euros
Según se calcula desde el despacho de abogados que lo representa, la reclamación se cuantifica en más de un millón de euros y que por parte de la aseguradora de la Junta de Andalucía «no admite acuerdo sobre la indemnización».
