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    La Junta destina más de 29.000 euros a Écija para ayudar a las familias en riesgo de exclusión

    La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Écija han prorrogado el convenio de cooperación firmado en octubre de 2013 en materia de Ayudas Económicas Familiares, por un importe de  29.365 euros.

    La renovación del convenio se ha rubricado este viernes en Sevilla, en un acto que ha estado presidido por la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, junto con el presidente de la Diputación Provincial, Fernando Rodríguez Villalobos, y en el que ha estado presente el Alcalde de Écija, Ricardo Gil-Toresano.

    Durante la firma, la consejera ha destacado que, frente a los 5,5 millones euros que la Junta destinó en 2013, en esta ocasión la cifra sube a los casi 6 millones de euros: “Estas ayudas van dirigidas a la atención de las necesidades más básicas de los y las menores de aquellas familias que se encuentran en situación de dificultad por lo que no podemos mirar para otro lado”, ha dicho Sánchez Rubio.

    La titular de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha destacado el trabajo realizado por los profesionales que desarrollan su labor en los servicios sociales comunitarios de los municipios, puerta de acceso a estas ayudas para las familias y los menores en desventaja social o situación de riesgo. Estos centros ofrecen información sobre los diversos programas de atención existentes y se tramitan prestaciones con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la población, entre ellas todas las relacionadas con la atención a las personas en situación de dependencia.

    En la provincia de Sevilla, en 2013, se beneficiaron de este programa de ayudas un total de 2.826 familias y 5.157 menores.

    Las ayudas económicas familiares están diseñadas como una prestación complementaria de los Servicios Sociales Comunitarios y se definen como prestaciones temporales, dinerarias o en especie, de carácter preventivo, que se conceden a las familias para la atención de necesidades básicas de los menores a su cargo, especialmente de crianza y alimentación, cuando carecen de recursos económicos suficientes para ello. Las ayudas se pueden cobrar durante un periodo máximo de seis meses.

    El objetivo de estas ayudas es prevenir, reducir o eliminar los factores que generen situaciones de dificultad social o riesgo para menores, con el fin de favorecer su permanencia e integración en el entorno familiar y social, evitando situaciones de desprotección que pudieran producirse de continuar las mismas circunstancias.

    La población que puede ser beneficiaria la constituyen las familias con menores a su cargo que carecen de recursos económicos suficientes para atender las necesidades básicas de los y las menores a su cargo, especialmente de crianza y alimentación, higiene, vestido y calzado. Excepcionalmente, en casos debidamente motivados por las circunstancias de la unidad familiar, podrán incluirse alquiler, suministros básicos de electricidad, gas y agua, así como adquisición de mobiliario y enseres básicos, que directamente incidan en el bienestar del menor.

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