Con una cuantía de 26.000 euros, el Ayuntamiento de Écija se ha acogido al Programa Extraordinario para suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia social de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales que ha puesto en marcha Junta de Andalucía y al que se ha acogido un total de 731 municipios andaluces.
Estas nuevas prestaciones de urgencia social incluyen los suministros básicos (agua y luz). Las ayudas se han otorgado en función del número de desempleados de cada municipio, que recibirá entre 3.900 y 50.750 euros, en el caso de Écija la cuantía es de 26.000 euros, mientras que los municipios de la comarca también se han acogido a estas ayudas: Cañada Rosal (7.000 euros), Fuentes de Andalucía (10.500 euros) y La Luisiana (7.000 euros).
El programa se materializa mediante una ayuda que serán gestionada por el ayuntamiento para la atención a la cobertura de contingencias extraordinarias de las necesidades básicas de subsistencia, tanto por razones sobrevenidas como por falta continuada de recursos, de aquellas personas o unidades familiares que no puedan hacer frente a gastos específicos y que, cumpliendo los requisitos exigidos por la norma, hayan sido comprobados e informados por parte de los Servicios Sociales Comunitarios.
Este programa está regulado por el Decreto Ley de Medidas Extraordinarias y Urgentes para la Inclusión Social a través del Empleo y el Fomento de la Solidaridad en Andalucía.
El Programa Extraordinario para suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia social se ha presentado como una puesta de manifiesto del compromiso y la estrecha colaboración de la Junta de Andalucía con las administraciones locales.
Medidas del Decreto de Inclusión Social
El Decreto Ley de Inclusión a través del Empleo y Medidas Extraordinarias de Solidaridad, al que pertenece el Programa Extraordinario para suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia social, beneficiará a más de 160.000 personas en toda Andalucía. Este decreto destinará unos recursos adicionales de más de 64 millones de euros a paliar el impacto de la crisis económica en los colectivos más vulnerables de la comunidad autónoma, especialmente personas desempleadas que no reciben ninguna prestación y familias con todos sus miembros en paro. Estos 64 millones suponen ocho millones más de la cuantía que se destinó el año pasado en el decreto de exclusión a las medidas que vienen incluidas en ambas normas.