La puerta del Ayuntamiento de Écija en la calle San Francisco, ha sido el lugar de encuentro de representantes políticos, sindicalistas, asociaciones vecinales y colectivos sociales, al llamamiento de la Plataforma de Organizaciones Sociales de Andalucía, de participar en actos como muestra de rechazo a la Reforma de la Administración Local.
La primera iniciativa ha sido la denominada «Abraza tu Ayuntamiento» ha consistido en realizar una cadena humana que ha simbolizado abrazar el edificio que acoge el ayuntamiento, y al mismo tiempo se ha leído un manifiesto. El acto se ha desarrollado en distintos puntos de la geografía nacional.
El “abrazo” ha venido a simbolizar la defensa del importante papel que desarrollan las administraciones locales por su cercanía a la ciudadanía, y al su vez ha servido para expresar el rechazo a los contenidos de la reforma que el Gobierno central (PP) está promoviendo.
Entre los participantes en Écija, aproximadamente medio centenar, han estado representantes políticos del PSOE, IU y PA, así como varios sindicatos, colectivos vecinales y asociaciones.
Manifiesto
Por la Democracia Local y los Derechos Sociales
El pasado 26 de julio el gobierno aprobó el ante-proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que, según el Gobierno, tiene por objeto determinar las competencias municipales, “racionalizar” las estructuras locales de acuerdo a criterios de estabilidad, sostenibilidad y eficiencia, establecer un control financiero y presupuestario sobre las entidades locales y favorecer la liberalizar las actividades económicas locales.
El Consejo de Estado informó de la posible inconstitucionalidad del vaciamiento de competencias de los ayuntamientos y de su traslado a entidades de representación indirecta como las Diputaciones Provinciales. Además, el Consejo recordó que las competencias de las Diputaciones son “funcionales”, de asistencia a los municipios, y no “materiales”, como las de los Ayuntamientos, que gestionan “intereses y asuntos que afectan al conjunto de la población”. A pesar de ello, hace apenas unos días esta Ley ha sido aprobada en el Congreso y va camino de la cámara del Senado.
Entre los cambios aprobados están la eliminación de entidades locales de ámbito territorial inferior al municipal como caseríos, parroquias, aldeas, barrios, concejos o pedanías, entidades estas que facilitaban la gestión directa por parte de los vecinos y no suponían gasto económico alguno dado que no se contaban con cargos remunerados. También se reducen las competencias propias de los ayuntamientos, así como las competencias delegadas que se ejercerán de acuerdo a criterios y costes estándar. Se establecen criterios económicos (como la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera) para poder cubrir aquellas competencias que no estén delimitadas en la nueva ley y quieran ser cubiertas.
¿Cómo van a asegurar que las necesidades sociales, cada día mayores en la situación de emergencia social en la que nos encontramos, van a ser cubiertas? ¿Qué pasará con la ejecución de la Ley de Dependencia o los programas de apoyo al empleo? ¿Quién va a responsabilizarse ahora de cuidar, proteger y gestionar nuestro patrimonio cultural más allá de los espacios urbanos? ¿Son las Diputaciones y Autonomías, más alejadas de las realidades locales y entidades propias de cada comarca, las que pueden gestionar mejor estas competencias?
En esta ley se pone más énfasis en deslindar las competencias municipales, en pro de eliminar las duplicidades, que en asegurarse de que las necesidades de la población sean cubiertas. No se recogen medidas que faciliten la participación ciudadana, sino todo lo contrario al distanciar aún más a las entidades administrativas de la vecindad, otorgando mayor poder a instituciones históricamente menos democráticas. No se recogen medidas que fortalezcan las administraciones locales existentes, sino que bajo criterios estrictamente económicos se facilita la supresión de algunas y se abren las puertas para nuevas privatizaciones en la gestión de servicios básicos en las ciudades y pequeñas localidades.
Somos numerosas las organizaciones, entidades y agrupaciones que rechazamos esta Ley, la cual supone un ataque directo a las instituciones municipales, las más cercanas a la realidad social, así como un retroceso en los derechos de la ciudadanía (como la educación infantil, la atención a personas mayores, inmigrantes y/o dependientes…). Hoy, 13 de noviembre, abrazamos nuestro ayuntamiento para mostrar en la calle nuestro malestar y desacuerdo por esta nueva Ley, que antepone los principios de eficiencia económica frente a los derechos sociales.
