Los representantes de los grupos del PA, el PP y el Partido Socialista Ecijano Independiente (PSEI) en el Ayuntamiento de Écija (Sevilla) han resuelto abandonar la comisión especial informativa creada sobre la adjudicación, –y posterior resolución–, del contrato de rehabilitación del palacio de Peñaflor como hotel de lujo, extremo atribuido a la supuesta negativa del alcalde, Juan Wic (PSOE), a convocar como «asesores» a los técnicos municipales cuya comparecencia había acordado dicha comisión.
El portavoz del PA en el Ayuntamiento astigitano, Fernando Reina, informó a Europa Press de que su partido no asistirá a la próxima sesión, fijada para el próximo miércoles y en la que ya podrían ser avanzadas las conclusiones de la comisión especial informativa, a cuenta de la decisión adoptada por el primer edil sobre la comparecencia de los aproximadamente ocho técnicos municipales convocados por acuerdo de la propia comisión. La representante del PP en dicha comisión, Silvia Heredia, y el portavoz del partido independiente, Manuel Castilla, han resuelto también no asistir a las siguientes sesiones.
Según informaron Fernando Reina y Manuel Castilla, si bien dentro del procedimiento figuraba la convocatoria de ocho técnicos municipales, seis representantes de la unión temporal de empresas a la que se adjudicó la obra y de los políticos o gestores que correspondiera, los mencionados técnicos municipales «se negaron» a comparecer ante la mesa de la comisión especial informativa.
El secretario municipal, según agregaron, confirmó que estos técnicos municipales no estaban «obligados» a responder a la convocatoria en calidad de «comparecientes», pero que sí habrían de declarar «a título de asesores» sí así lo determinaba el alcalde como máxima autoridad. No obstante, y según señalaron los representantes de estas fuerzas, el primer edil habría resuelto finalmente «no convocar» a los técnicos municipales pese a las peticiones recibidas.
“Ya no sirve para nada”
Dado el caso, Fernando Reina anunció que el PA «no va a asistir más» a la comisión especial informativa hasta que el secretario del Ayuntamiento, gobernado por el PSOE en minoría, convoque la aprobación de las actas de la comisión. Así, lamentó que los socialistas impidan el avance del procedimiento y advirtió de que «el PA se asegurará que las personas que tienen que comparecer» para esclarecer el asunto, lo hagan «en otro ámbito» ajeno a esta comisión informativa que los andalucistas abandonan.
Silvia Heredia, de su lado, dijo a Europa Press que el PSOE «está obstaculizando el objetivo que se persigue en esta comisión» y consideró que, dada la incomparecencia de los técnicos municipales, dicho órgano «ya no sirve para nada más». «No vamos a asistir más», dijo la concejal popular, quien acusó a los socialistas de «no colaborar» en el esclarecimiento de todo lo relativo a los concursos del palacio de Peñaflor. Manuel Castilla, de su lado, consideró inaudito que el alcalde «haya negado asesoramiento a la propia Corporación», por lo que redujo también su papel a la entrega de las actas.
Proyecto malogrado
Esta comisión está destinada a esclarecer las responsabilidades derivadas del caso del palacio de Peñaflor, un monumento barroco edificado entre 1700 y 1775, monumento nacional desde 1962, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y desde 1992 propiedad del Ayuntamiento de Écija. El palacio, uno de los múltiples activos patrimoniales de la ciudad, fue en 2004 objeto de un concurso público orientado a su rehabilitación y transformación en un hotel de cuatro estrellas y 58 habitaciones, proyecto que el 22 de marzo de 2006 recibió el visto bueno de la Comisión provincial de Patrimonio Histórico, adscrita a la Consejería de Cultura.
Tras quedar desierto el concurso público, las obras fueron finalmente encargadas a ‘Viturse S.L.’ en un procedimiento negociado sin publicidad.
En 2006, de cualquier forma, el Ayuntamiento de Écija entregó la correspondiente licencia de obra a la empresa adjudicataria de los trabajos, si bien la adjudicataria no abonó las tasas municipales y, en febrero de 2007, una inspección habría descubierto que la empresa había comenzado una serie de sondeos en el interior del monumento sin haber cumplido el mencionado y obligado pago.
En abril de 2008, finalmente, el Gobierno municipal de Juan Wic resolvió el contrato dados los «incumplimientos» de la constructora adjudicataria.
