Se esperaba desde hacía semana una respuesta de la Junta de Andalucía ante la adjudicación por subasta pública de las 91 viviendas sociales de la calle Estatuto de Autonomía, y esta respuesta no ha sido la esperada; la administración autonómica no intervendrá en el proceso y no ejercerá su derecho de retracto como se la había solicitado desde el Ayuntamiento de Écija.
Lo ha verbalizado la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo durante una visita que ha realizado a la localidad de Herrera “no es competencia de la Junta de Andalucía ejercer ese derecho de retracto una vez que ya hay un fondo de inversión que ya ha formalizado la adquisición de esas viviendas”, algo que asegura ha trasladado al Alcalde de Écija.
Este posicionamiento de la Junta deja el futuro de estas viviendas y de las familias en una situación de incertidumbre, aunque Carazo ha apuntado que “ahora lo importante para proteger los derechos de sus vecinos, y yo se lo he trasladado también al ayuntamiento, y es competencia de la Junta de Andalucía, vamos a cuidar, a velar porque esas viviendas mantengan su calificación de vivienda protegida”.
Viviendas de Estatuto de Autonomía
Las 91 viviendas de la calle Estatuto de Autonomía forman parte de una promoción propiedad de la Sociedad Ecijana para el Desarrollo Económico S.A. (SEDESA) que presentó en 2013 concurso voluntario de acreedores, consecuencia de lo cual este grupo de viviendas ha salido a subasta hasta en dos ocasiones, ha sido en la segunda cuando han sido adjudicadas por 1,4 millones de euros. Una conocida la oferta y la adjudicación, el Ayuntamiento de Écija cursaba una petición a la Junta de Andalucía para que ejerciera el derecho al retracto, lo que supondría que la administración autonómica igualaría la oferta por la que han sido adjudicadas las viviendas y estas seguirían siendo de titularidad pública, algo que finalmente no ocurrirá como ha dejado claro la responsable de Fomento.
