El 11 de mayo de este año el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía daba la razón a los trabajadores de la empresa Aqua-Campiña S.A., que gestiona el servicio de abastecimiento de agua en baja, alcantarillado y depuración de aguas en Écija, por la cual se obliga a la empresa a cumplir el convenio laboral de 2013 a 23 trabajadores.
Desde que se conociese esa sentencia han pasado 150 días y los trabajadores han remitido un comunicado donde denuncian “los abusos de poder vía hecho no de derecho que vienen soportando por parte de la empresa” y el recorte de sus derechos laborales “en todas sus vertientes, aunque fundamentalmente en la económica, con una reducción media del 40% de sus retribuciones y en lo laboral con un aumento de 180 horas en su jornada laboral”.
Los trabajadores también denuncian la intención de la empresa de “dilatar en el tiempo el cumplimiento de la sentencia” y prueba de ello está que después de 150 días desde que se hiciese pública, aún no dando pasos para el cumplimiento de la misma ni la han recurrido, algo que en opinión de los afectados tiene como objetivo “quebrar la resistencia de unos que trabajadores en lucha contra la gran multinacional”: Aqualia, propiedad de grupo FCC, tiene el 90% de las acciones de Aqua-Campiña.
La situación que viven estos trabajadores desde enero de 2014, ha llevado a alguno de ellos a tomar decisiones de especial relevancia en el seno familiar “no han podido continuar llevando a sus hijos a la universidad” o el caso más extremo que también relatan en el texto, en el que cuentan que uno de ellos se vio obligado a “suspender el tratamiento médico de uno de sus hijos ante la penuria económica que viene soportando desde la reducción salarial anterior”, hecho que aseguran que está en conocimiento de la empresa.
Junto con este comunicado los trabajadores vienen llevando a cabo acciones puntuales como la asistencia a los plenos de la Corporación Municipal, con la intención de solicitar el amparo del Consistorio “recordándole en cada sesión plenaria el deber que tiene de proteger el cumplimiento del pliego de condiciones de la concesión” como titular de este servicio público que fue privatizado en 2001.
