El Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Écija han firmado un convenio de colaboración que va a permitir incorporar al sistema de seguimiento integral de los caso de violencia de género, a la Policía Local de la ciudad, algo que les permitirá el acceso a una completa base de datos en la que se recoge información sobre víctimas de violencia de género.
El sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género es una aplicación puesta en marcha desde el Ministerio del Interior en agosto del año 2007. Es una aplicación informática que integra la información y los recursos operativos para asistir a las mujeres víctimas.
En el sistema interactúan agentes, que han recibido una formación y habilitación específica, de la Guardia Civil, Policía Nacional, Instituciones Penitenciarias, Unidades de Coordinación y Ministerio Fiscal y se irán incorporando paulatinamente el Poder Judicial, los Mossos d’ Esquadra, Polícias Forales de Navarra y las policías locales, como es el caso.
La valoración del riesgo de la víctima de violencia de género se realiza a través de una herramienta construida a partir de 40.000 casos reales y validada por un equipo de catedráticos universitarios y especialistas de la Policía Nacional, la Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias.
Con ella, las personas especialistas policiales determinan el riesgo de la víctima de sufrir una agresión, diferenciado en cuatro niveles: extremo, alto, medio y bajo. Estos niveles se revisan de forma periódica, a las 72 horas (en el caso del nivel extremo), 7 días (alto), 30 días (medio) y 60 días (bajo), y también cuando lo disponga la autoridad judicial o fiscal, o existan nuevas circunstancias que afecten a la víctima o al agresor.
Estas valoraciones se incorporan al atestado policial y se comunican a la autoridad judicial y fiscal, y generan una serie de avisos sobre cualquier circunstancia relacionada con la tramitación de cada caso; alertas sobre una situación que pueda elevar el nivel de riesgo de la víctima y alarmas sobre la inminencia de una situación grave para la seguridad de la víctima.
El convenio firmado por el ayuntamiento tiene una vigencia inicial de cuatro años, que se podrá prorrogar por periodos de un año, de manera automática.
