La Consejería de Fomento y Vivienda, a través de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), ha licitado por un total de 285.130 euros la contratación de la segunda y última fase de obras para reparar las 57 viviendas protegidas en venta construidas en Écija. Con esta intervención «quedarán resueltos los problemas derivados de las patologías constructivas detectadas tras la terminación en 2005 del edificio, afectado por grietas en el interior y fachadas».
En un comunicado, la Junta de Andalucía ha indicado que estas 57 viviendas protegidas fueron construidas entre septiembre de 2003 y abril de 2005 por la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por las empresas Juboconsa, Garasa y Dizu, y su coste ascendió a 2,7 millones de euros. Se trata de un solo edificio con cinco portales, en las calles Ronda de la Paz y Pinichi, en el que se distribuyen las viviendas en bajo más dos plantas, y cuenta también con sótano para garajes vinculados.
«Con la reparación estamos dando respuesta a una demanda vecinal justa, expresada por personas que llevan años sufriendo una situación muy complicada, y a los que la Administración está obligada a atender debidamente», ha señalado la delegada de Fomento y Vivienda en Sevilla, Granada Santos, que ha destacado que ya cuando se produjo la finalización efectiva de las obras, en enero de 2005, «fueron detectadas grietas en el interior y fachadas del edificio».
Tras detectar estos fallos, EPSA reclamó a la constructora la reparación de dichas patologías, «pero ésta se negó a hacerlo», según ha explicado la delegada, de manera que la reparación fue contratada con otra empresa. Sin embargo, Santos asegura que «una vez entregadas las llaves, se recibieron reclamaciones de los propietarios de las viviendas por defectos observados en el edificio, fundamentalmente grietas, fisuras y humedades, a las que se sumaron después nuevas patologías consistentes en fisuras en puntos concretos de la losa de cimentación y el cerramiento de una de las fachadas».
Ante esta nueva situación, EPSA como promotora y por responsabilidad solidaria, aunque asegura que no es causante de los defectos constructivos, acordó a finales de 2010 con la comunidad de propietarios reparar esas patologías y los daños derivados de las mismas, siempre que no fueran consecuencia de la falta de mantenimiento, en tanto que los propietarios cedían, a cambio, a la empresa pública las acciones que pudieran corresponderle contra los responsables de la ejecución de esta obra, lo que ha permitido iniciar un proceso judicial de reclamación contra la constructora, informa la Junta.
Las obras de reparación se ejecutan en dos fases. Por un lado, la primera fase, de realce de cimentación del edificio, quedó finalizada en mayo de 2012, con un coste de 168.891 euros.
Por otro lado, para ejecutar la segunda fase, según ha explicado el Gobierno andaluz, ha sido necesario respetar un periodo de tiempo para el asentamiento y comprobación del realce ejecutado en la fase anterior. En esta segunda etapa se acometerán las reparaciones necesarias en fachadas e interiores de viviendas, afectando aproximadamente al 80 por ciento de las mismas, todas las que presentan daños provocados por las patologías del edificio.
