Una modificación del reglamento de la vivienda de 2018 ha servido a la consejera de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, para justificar la postura de la Junta de Andalucía de no ejercer el derecho de retracto ante la adjudicación en subasta pública de 91 viviendas sociales de Écija, por la liquidación de la sociedad mercantil municipal y que han acabado en un fondo de inversión.
La consejera ha señalado que dicha modificación se llevó a cabo por el anterior gobierno de la Junta de Andalucía “de este modo, ustedes -en alusión al anterior gobierno andaluz- excluyeron estas situaciones y la posibilidad de resolver la situación como plantean ahora», al mismo tiempo ha recordado que tras la modificación de la citada normativa, están sujetas las segundas y terceras transmisiones, «pero no así la primera».
«La modificación del reglamento de la vivienda de 2018 dejó fuera las transmisiones forzosas derivadas de los procesos judiciales o extrajudiciales de ejecución hipotecaria», ha añadido Carazo.
Así lo ha afirmado en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada este jueves, en la sesión plenaria, por el portavoz de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local del Grupo Socialista en la Cámara andaluza, Felipe López, acerca del «desistimiento de la Junta» para realizar ese derecho.
El portavoz socialista ha recordado que la Consejería de Fomento en 2019 «anunció que, ante la posibilidad de que pudieran verse afectados» los propietarios de estas viviendas «por procesos especulativos», se abogaría por «mantener las viviendas bajo tutela pública».
López ha criticado a la Junta por permitir que un fondo especulativo –los denominados ‘fondos buitre’– se lucren con esta situación, «aprovechándose de la vulnerabilidad de esas familias, con escasos recursos económicos».
Asimismo, López ha insistido durante su intervención en que «la consejera es «experta en manipulación y la mentira», porque el Gobierno de la Junta ya intervino en un caso similar en Santiponce, en 2018, con el rescate de viviendas protegidas dependientes de una empresa que entró en concurso de acreedores y cuyo patrimonio residencial acabó adjudicado a un fondo de inversión, según ha relatado el también exconsejero de Fomento.
Carazo, en su réplica, le ha preguntado al parlamentario socialista «por el destino de las ayudas de la Junta» a la Sociedad Municipal de la Vivienda de Écija para contribuir al préstamo hipotecario de esa promoción. «Fue ello lo que provocó la precariedad», ha concluido la consejera de Fomento.
Vecinos en el Parlamento de Andalucía
Coincidiendo con la pregunta que el Grupo Parlamentario Socialista iba a realizar en el Parlamento de Andalucía, un grupo de vecinos de las viviendas sociales afectadas se han desplazado hasta Sevilla para expresar a las puertas del parlamento su situación y pedir soluciones. Hasta la concentración de los vecinos se han acercado distintos representantes de partidos políticos con representación parlamentaria.
