En lo que va de año, la empresa que gestiona el suministro de agua en Écija, ha detectado 32 “enganches” ilegales a la red, lo que estima que ha supuesto un fraude de 34 millones de litros, el agua que consumen 250 personas en un año en el municipio.
Estos enganches ilegales se han detectado por medio de las inspecciones que a diario “incluso los fines de semana y festivos” -asegura la empresa-, realiza en la red de abastecimiento como parte de las campañas periódicas para vigilar, controlar y detectar posibles acciones fraudulentas de consumo de agua sin contador o derivaciones clandestinas de caudal antes del contador.
Una vez detectadas uno de estos fraudes, el protocolo indica que se requiere al usuario de la finca para que la subsane en el plazo establecido por la legislación vigente para evitar la suspensión de suministro.
La liquidación por fraude puede ir desde los 600€ hasta los 8.000€ en caso de usuarios individuales, o hasta los 25.000€ en caso de comunidades de vecinos o urbanizaciones.
Además, con los fraudes significativos, se realizan las acciones judiciales oportunas en cada caso, interponiendo la correspondiente demanda por vía penal. Esta infracción penal está descrita en el artículo de 255 del Código Penal y se considera un delito de defraudación.
En esta situación hay varios casos en el municipio de personas reincidentes que debido a la gran cuantía defraudada podrían tener penas de multa de entre tres y doce meses más el pago de una responsabilidad civil equivalente al valor del agua consumida ilícitamente. E incluso si una vez condenados dejaran de pagar esta multa tendrían pena de cárcel.
Según la empresa “este tipo de delitos no son exclusivos de personas con escasos recursos económicos en barrios humildes, sino que también se han localizado en viviendas tipo chalet de urbanizaciones de alto nivel”, concluye.
