La parrafada que la ministro Celáa lanzó sobre los derechos de los padres a la educación de sus hijos, me da en las narices que sólo pretendía una pose de marcada progresía buscando aliados a la desesperada; y la cosa es grave, aunque después haya querido parchear un poco, más aún después de lo que estamos aprendiendo en Cataluña sobre la importancia de la Educación y lo fácil que resulta manipularla.
Celáa tendría que saber que, en el primer Título de nuestra Constitución, se recogen nuestros Derechos Fundamentales y que estos incluyen, entre otros, los de la no discriminación, la libertad religiosa, personal y familiar, la de expresión e información, la de reunión y asociación, el libre acceso a cargos y funciones públicas en condiciones de igualdad y la libertad de educación.
Pues bien, ya no sólo es un farol como el de Celáa sino que, en los últimos tiempos, medidas y leyes aprobadas por nuestros gobernantes, han sido puestas en práctica primando a unos ciudadanos sobre otros, en función de su sexo, su fe, sus ideologías o sus lugares de residencia.
Ya escribí sobre mi desencanto con este “progresismo” -al que rebauticé como “progresía”- que, sin que nos demos cuenta, atenta contra nuestros derechos ciudadanos, cuando pretende imponer que todos progresemos a idéntico paso, con el mismo rumbo y hacia metas idénticas. Esto supone la negación del libre albedrío, de la individualidad del ser humano. Una aberración.
Basta aplicar la lógica, para comprender que este intento de imponer la voluntad de los políticos sobre la de los padres a la hora de elegir la Educación de sus hijos -ignorando los principios de cada familia y el derecho de los progenitores a procurar la felicidad de los suyos-, es un atentado a los derechos fundamentales.
Pero la cosa no queda ahí. Otros derechos han sido, poco a poco, violentados con la implantación -a la “chita callando”, de forma casi desapercibida- de medidas, cada vez más sectarias e inconstitucionales. Así, por ejemplo, los sistemas de cuotas en el acceso al trabajo -desechando los principios de capacidad y mérito- han machacado el derecho al trabajo, en igualdad de condiciones, de muchos ciudadanos. Por otro lado, Sánchez amenazaba con la persecución abierta de todo aquel que tratara con benevolencia cualquier aspecto del pasado franquismo (simplemente hablar) y, desde luego, acometer la ilegalización de la Fundación Francisco Franco. ¿Qué demócrata no comprende que con estas amenazas se atenta contra los derechos fundamentales de libertad personal, expresión, información, reunión y asociación?
Soy consciente que con este artículo me echaré encima a la mitad de los lectores. Es más, leyéndolo, la mayoría pensará que soy machista, franquista y hasta miembro de la citada Fundación Francisco Franco. Pero no, nada más lejos de la realidad. Lo que pasa, sencillamente, es que yo creo que Franco murió hace un montón de años y, como no era un ideólogo, el franquismo murió con él y, en consecuencia, para mí, quien se considera franquista va de zombi por la vida. Por tanto, no pertenezco a ninguna asociación franquista (a no ser que ahora se considere franquista a la Hermandad de Jesús Sin Soga y a la del Cristo de la Yedra de mi Puente… que, visto lo visto, todo puede ser); y, por supuesto, no sólo me encantan las mujeres que trabajan sino que yo, que ejercí como A.T.S. durante tantos años, tuve el honor de formar equipo con profesionales extraordinarias (de hecho, más del 80% de mis compañeros eran mujeres que ganaban más que yo)
Aclarado todo esto, no se extrañen de las letras que han leído porque, ante las barbaridades que estoy presenciando últimamente, era irremediable que las escribiera; y era irremediable porque, precisamente, soy un quijote demócrata, Humanista por convicción, Andalucista de corazón (aunque mi voto nunca sirva para nada) y constitucionalista porque me lo exige la ética de mi coherencia. De forma que, como comprenderán, no podía permanecer en silencio cuando, para escribir este artículo, tenía la razón de mi lado y sólo necesitaba una mijita de lógica
