Confieso mi incapacidad. Quería escribir un artículo sobre la corrupción política y, decididamente, debo desistir.
Como siempre intento la objetividad, antes de escribir mis artículos procuro informarme lo mejor posible sobre los datos que debo manejar y, además, dada la delicadeza del asunto a tratar en este que iniciaba, procuré que los datos fueran lo más fidedignos y abundantes posible. Imposible. Hasta el punto de que el diario digital de “El Economista”, de fecha 16 de abril de 2014, titula: “Baile de cifras por el fraude de los cursos andaluces: “El Mundo” dice 2.000 millones y “El País” lo rebaja a 20” (¡!)
He perdido la mañana visitando páginas y páginas sobre la corrupción política en nuestro país y, cada una de ellas, refiere el asunto de distinta manera. Al final, lo único que me ha quedado claro, es que hay casi dos millares de individuos encauzados por causa de corrupción y que aquí no se salva ni el potito. Otra cosa interesante que aparece en todas las cuentas, es que los que arrastran más casos abiertos son el PP, con más de doscientos y el PSOE, con cerca de cien; a bastante distancia, le siguen algunos partidos nacionalistas-regionalistas, como el antiguo de Puigdemont y Torra, con 11, CC con 9 o Unió Mallorquí con 8; en la lista aparece hasta mi antiguo partido, el PA, con 3 casos que me llaman muchísimo la atención: el de “San Fernando”, el de la “Casa del Rocío” y el de la “Estación de autobuses” (se ve que a algunos de mis antiguos compañeros de San Fernando, no le gustaba ir caminando hasta el Rocío y tomaban el autobús que no debían).
Como he sostenido siempre: todo es cuestión de cuotas de poder, de la oportunidad de estar en los sitios de influencia, en los que poder hacer favores; quizá, por eso, en el caso de las otras fuerzas políticas, los casos disminuyen drásticamente: los casos de Ciudadanos, fueron 7 y los de Podemos y sus socios, 4 (aunque eso sí, son los que más imputados tienen a título personal, por cuestiones delictivas y de desórdenes de otro tipo; hasta el punto de que “Ahora Madrid” acabó borrando el CÓDIGO ÉTICO de su web, que obligaba a dimitir a sus ediles ante los casos de imputación).
Luego hay casos y casos. Según parece, el montante económico de cada corrupción es muy distinto: puede ir de los, aproximadamente, 100 euros del caso de “los bolsos” del PP de Madrid, a los cientos de millones de euros de los EREs del PSOE de Andalucía, la Gürtell del PP o el caso Palau de CDC.
De todas las fuentes consultadas, al final, me he quedado con datos investigados y publicados hace dos años pero que fueron los que, en mi búsqueda, me parecieron más exhaustivos y fiables.
Según estos datos, para 2016, el total de la cantidad defraudada en los principales casos de corrupción, se calculaba en unos 9.000 millones de euros y, para más inri, muchos de estos euros debían haber sido destinados a infraestructuras, inversiones o cursos de formación de trabajadores y desempleados, habiendo sido desviados y defraudados para gastarlos en trajes, mariscadas, putas, drogas e, incluso, algún vehículo de alta gama. Así ocurrió en los casos de los ERE, Malaya, Gürtel, el Palau o Nóos.
Por mucho que nos empeñemos en el sectarismo, en España la corrupción no entiende ni de derechas ni de izquierdas ni de constitucionalistas ni de independentistas. De hecho, el caso ya juzgado que, hasta la fecha, ha resultado más gravoso, ha sido el de un Ayuntamiento regentado por un grupo político independiente, el GIL: el “caso Malaya”, que defraudó 2.800 millones de euros.
Uno que podría superar al anterior, podría ser el “caso EDU” que, siendo todavía investigado, puede llegar a superar ampliamente los 3.000 millones de euros. La UDEF de la Policía, ha denominado así un caso de fraude fiscal en la Junta de Andalucía, por el que cerca de veinte empresas, habrían destinado el dinero de las ayudas para la formación de trabajadores a fines distintos de la convocatoria. La investigación se ha centrado entre los años 2009 y 2011, habiendo resultado un fraude –hasta ahora- de la cantidad mencionada de fondos públicos andaluces y que lo convertiría en el caso de fraude más elevado investigado en España.
Si sumamos las cantidades defraudadas por los casos Malaya (2.800 millones), el caso Edu (3.000), los ERE (1.200 millones), Gürtel ( 120 millones) más los 3.000 millones de Oleguer Pujol, tendríamos 10.120 millones de euros, con los que el Estado se hubiera podido ahorrar algunos recortes como los 1.034 millones de euros en la ayuda a la dependencia, en los Presupuestos Generales de 2014.
Me hubiera gustado haber dado muchos más datos y que éstos estuvieran más actualizados, pero creo que, para muestra, sólo se necesita un botón y yo he apurado la mañana hasta la desesperación y la rabia.
Confieso mi incapacidad. Quería escribir un artículo sobre la corrupción política y, decididamente, debo desistir. Es tanta, está tan extendida, que me quedo con el botón: ya estoy viejo para tanto trote.
