.-El Partido Popular defenderá el próximo miércoles una Proposición No de Ley en la Comisión de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente del Parlamento andaluz en la que insta a la Junta a retomar y culminar «con urgencia» las obras para el encauzamiento del arroyo Argamasilla en Écija.
En la iniciativa, que ya ha sido admitida a trámite por la Mesa de la Cámara y a la que tuvo acceso Europa Press, el PP-A se hace eco del «estupor y preocupación» que ha generado a los vecinos la decisión del Gobierno andaluz de paralizar las obras de encauzamiento del arroyo Argamasilla «ante el temor por posibles inundaciones en un futuro».
En este sentido, los populares recuerdan que «Écija ha sufrido desde 1997 reiterados episodios de desbordamientos del río Genil y del arroyo Argamasilla, provocando situaciones de riesgo real para las personas y de pérdidas cuantiosas económicas y materiales». Entre los daños, los populares citan las graves inundaciones del año 2010 «con el núcleo urbano inundado, familias desalojadas de sus viviendas, infraestructuras y comercios destrozados y campos anegados, con pérdidas cuantificadas en 18 millones de euros».
En opinión de los populares, esta situación es consecuencia de la «dejadez con la que durante años la Junta de Andalucía ha actuado para solucionar un problema grave, que ya en el año 2002 fue considerado como una actuación preferente, con nivel B1, dentro del plan andaluz contra avenidas e inundaciones en cauces urbanos, y que hoy sigue sin estar resuelto, con la situación de riesgo y peligro real que supone para los ecijanos».
Como prueba de la situación de incertidumbre, el Grupo Popular detalla que en noviembre de 2007 se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) una resolución de la Dirección Provincial de Sevilla de la Agencia Andaluza del Agua por la que se abría el período de información pública para el proyecto de encauzamiento del arroyo Argamasilla, en 2008 se encomendó la realización de las obras a Egmasa, que las licitó en abril de ese año por un presupuesto de 37,9 millones euros y un plazo de ejecución de 30 meses. «Las obras finalmente comenzaron en 2010, año en el que supuestamente tenían que estar terminadas, para anunciar su paralización en abril de 2012», concluye la iniciativa.
La inaccción de los dirigentes ha llegado a tal punto que los afectados por los perjuicios derivados de las riadas de finales de 2010 y principios de 2011 presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) un recurso dirigido contra las administraciones, a las que reclaman cantidades indemnizatorias por los perjuicios sufridos que oscilan entre los 30.000 y los 200.000 euros.
