El portavoz del PA en el Ayuntamiento de Écija, Fernando Ignacio Reina, está realizando consultas con la Fiscalía al objeto de intentar «por todos los medios» reavivar la causa incoada por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos contra el alcalde, Juan Wic (PSOE), por un delito de prevaricación. Aunque las diligencias han sido sobreseidas, el PA no comparte la resolución y no descarta sus propias acciones legales.
Fernando Ignacio Reina informó a Europa Press que después de que el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Écija decretase el sobreseimiento de las diligencias, relativas a un supuesto delito de prevaricación por emplear en «gastos corrientes» más de nueve millones de euros procedentes de los convenios urbanísticos del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), ha emprendido una serie de consultas con el Ministerio Público.
El Ministerio Público, como se recordará, había denunciado los hechos ante el juzgado tras ser entregada la documentación de manos del PA, que según Reina no pudo personarse en la causa antes de que la juez Alicia Mónica Sánchez ordenase el sobreseimiento de la causa.
“Vamos a intentar por todos los medios que esto prospere», dijo Fernando Ignacio Reina, quien no descartó que su grupo promueva «una querella» en el caso de que la Fiscalía, en calidad de denunciante, no recurra el auto mediante el que la juez Alicia Mónica Sánchez decretaba el archivo del caso.
El auto, recogido por Europa Press, obedece a la denuncia elevada por la Fiscalía a instancias del PA en cuanto al destino de nueve millones de euros ingresados por el Ayuntamiento astigitano gracias a los convenios urbanísticos del planeamiento, porque los andalucistas acusaban a Wic de consumir estas partidas en gastos corrientes pese a que la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA) canaliza estos ingresos al desarrollo del patrimonio público del suelo.
La juez basa el sobreseimiento de las diligencias en el informe emitido por el tesorero del Ayuntamiento de Écija, Eduardo Martín Montaño, quien admite «por primera vez, una excepción al principio de unidad de caja para que en lo que a los citados ingresos se refiere, se «consigne una cuenta indisponible hasta que la aprobación definitiva del correspondiente instrumento de planeamiento o de la unidad de ejecución». El tesorero, en su «entender» cree que los fondos estarían disponibles con la aprobación «provisional» del PGOU.
“Sin perjuicio de que los hechos puedan ser constitutivos de una infracción de carácter administrativo», la juez explica que el citado informe, entre otros, prueba que Wic «se ha ajustado en todo momento» a los informes incluso de la Secretaría General del Consistorio, quedando «acreditado» que todos los gastos denunciados por el PA «se formalizaron con la firma del tesorero y el interventor».
Al respecto, Reina explicó que «cuando el alcalde gastó el dinero en cuestión», el PGOU se encontraba aún en su fase de aprobación «inicial», extremo que esgrimió para defender su iniciativa de reavivar las diligencias.