El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana trabaja en la configuración de un nuevo mapa de concesiones de servicios de transporte regular de autobús, lo que supondrá una reducción considerable de rutas a lo largo del país, varias de ellas afectan a Écija.
La intención del Gobierno Central es transferir competencias a las Comunidades Autónomas, de las rutas estatales que dejarán de tener parada a partir de 2025, que es el horizonte que plantea esta medida.
En estos momentos las rutas de competencia estatal cuentan con paradas en 1.912 municipios de España, la intención es reducir este número a menos de la mitad, concretamente 495, según el planteamiento inicial.
En la provincia de Sevilla la previsión es suprimir 104 rutas, algunas de las paradas tienen como origen o destino Écija, en total doce, entre las que se encuentran la conexión con Cádiz o el Puerto de Santa María, así como con Linares, Úbeda o Andújar, por destacar las que cuentan con un mayor número de pasajeros, según los datos de 2019.
De este modo, el listado completo de las paradas que afecta a Écija que se suprimirían de seguir adelante la nueva configuración son los enlaces de Écija con el Puerto de Santa María, Cádiz, San Fernando y Tarifa en la provincia de Cádiz; Linares, Úbeda, Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo, Puente de Génave, Baeza, Bailen y Andújar, en la provincia de Jaén, las tres últimas afectarían a la ruta de Écija como destino, mientras que el resto la localidad astigitana es el origen.
En todos los casos las paradas que se suprimirían forman parte de rutas de mayor distancia como la Madrid-Cádiz, que cuenta en estos momento con parada en Écija.
Motivos
El principal motivo que se esgrime para suprimir estas paradas a lo largo del territorio nacional es la baja demanda de las mismas, siguiendo con los empleos, solo seis personas viajaron en autobús entre Écija y Villanueva del Arzobispo, en Jaén en 2019, y treinta y uno tuvieron como origen Écija y destino Tarifa. Ninguno de los trayectos que ahora se estudia eliminar superaron los setecientos viajeros en 2019, según datos de la Junta de Andalucía.
Otro de los motivos es la antigüedad de algunas de las rutas estatales que se creó en la primera mitad del siglo XX y prácticamente no ha sufrido alteración.
Alternativa
La solución que se plantea desde el Gobierno Central para no dejar sin servicio a millones de usuarios, es transferir las competencias a las comunidades autónomas, para lo que ya ha abierto un proceso de debate con todas las administraciones autonómicas para que asuman sus competencias en este ámbito y creen nuevas rutas que solo circulen por sus territorios y que conecten los pequeños núcleos de población con los grandes, para hacer trasbordo en el autobús de ruta estatal.
Como el objetivo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana es que ningún usuario vea reducidas sus opciones de viaje, sobre todo en la España vaciada, fuentes del Departamento que dirige la ministra Raquel Sánchez han avanzado que se compensará a las comunidades autónomas para crear los servicios que hagan falta para conectar todos los municipios que ahora perderán la parada estatal.
La factura de estas transferencias todavía está por calcular, pero el Gobierno confía en que el nuevo mapa concesional de autobús, que se ha quedado desfasado tras más de 30 años sin modificar, permita reducir los precios que pagan los viajeros en un 27%, disminuir los tiempos de viaje y lograr mayores frecuencias.
Todo ello se conseguirá gracias a la simplificación del sistema, que pasará de los 79 contratos que hay en la actualidad –de los que solo 25 son rentables– a 22, distribuidos en 510 rutas con una media de solo seis paradas por ruta, frente a las 13 actuales.
Liberización limitada
Respecto a la liberalización, el Gobierno deja la puerta abierta a la entrada de la competencia en ciertas rutas, aunque el modelo mantendrá el sistema de concesiones, es decir, la explotación de un único corredor por una única empresa, de forma generalizada.
El Ministerio cree que las concesiones resuelven razonablemente las necesidades del transporte en autobús, ya que toda la ciudadanía identifica a este tipo de transporte como típicamente público y que, además, se sostiene por sí mismo.
En caso de optar por la liberalización, los corredores rentables podrían pasar a manos privadas, mientras que los no rentables seguirían manteniéndose con fondos públicos en calidad de servicio público. Por ahora, ninguna empresa ha trasladado oficialmente su interés, pero el Gobierno ya ha iniciado un proceso para estudiar esta opción y esperar recibir manifestaciones de interés.
