Primeros días del mes de diciembre de 2020. La Junta de Andalucía decreta como agua no apta para el consumo la que se suministra en las localidades de Marchena y La Luisiana, días después esta situación se repite en el resto de municipios que reciben servicio desde la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Écija; el motivo, la presencia de niveles de benceno en el agua por encima de lo permitido. Ahora, seis meses después, un informe concluye que el origen de la contaminación se encontraba en una partida de carbón activo que se utiliza en el proceso de potabilización.
La Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral Aguas del Retortillo (A.R.E.C.I.A.R) aprobaba el pasado 21 de abril en reunión del Consejo de Administración, el informe que con fecha 16 de abril se había presentado en relación a la Resolución de la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Salud y Familias, referente a la declaración del agua suministrada por esta agencia como no apta para el consumo por los niveles de benceno que presentaba.
En dicho informe, se detallan los registros, analíticas, declaraciones de la Junta de Andalucía, relación de gastos e incluso documentación sobre el contrato suscrito con la empresa suministradora del carbón activo, RAVAGO CHEMICALS SPAIN, S.A.
En este mismo documentos también se recogen las conclusiones a las que se llega tras este episodio “puntual” de contaminación del agua “debido, presumiblemente, a la presencia de benceno en el carbón activo en polvo suministrado en un lote por la empresa RAVAGO”, según se puede leer en el informe.
Dichas conclusiones detallan que gracias a la “actuación y profesionalidad de los técnicos”, se pudo identificar rápidamente el foco y agente contaminante, así como poner en marcha medidas para solucionar el problema y garantizar el suministro de agua mientras tanto, recurriendo a camiones cisterna.
Debido a estos hechos, se han puesto en marcha medidas de carácter corrector y preventivo en la ETAP de Écija, como la implantación de un estricto procedimiento de descarga y control de calidad del carbón activo, así como aumentar los controles de calidad hasta niveles superiores a los exigidos por la normativa y autoridades sanitarias.
Por último, las conclusiones determinan que se van a tramitar expedientes de responsabilidad patrimonial y reclamación de daños y perjuicios.
El informe se puede consultar en la página web: http://www.epeciar.com
