La preocupación se ha apoderado en los últimos días de más de un centenar de familias que residen en las viviendas sociales de la calle Villarreal y Estatuto de Autonomía, tras recibir una carta de Administrador Concursal de la extinta SEDESA, informado de la salida a subasta de las viviendas en las que viven en régimen de alquiler.
Esta comunicación responde a la liquidaciones de activos y pasivos de las antigua empresa municipal con el fin de hacer frente al pago de acreedores. Entre los activos de la empresa se encuentran 91 viviendas en la calle Estatuto de Autonomía y 17 en la calle Villarreal, valoradas, según el precio de salida a subasta, en más de ocho millones de euros.
Desde el Ayuntamiento de Écija se ha mantenido una reunión con los vecinos para intentar responder a sus preguntas y se ha expuesto la situación, la cual, según el portavoz del Gobierno local, José Antonio Rodríguez “no hay una preocupación inminente, no va a haber ningún tiempo de enajenación de esas viviendas” por distintos condicionantes que se dan en relación a estas viviendas.
Rodríguez ha detallado que estas viviendas están construidas sobre una parcela municipal y que fueron cedidas a la empresa SEDESA, pero sigue perteneciendo al Patrimonio Municipal del Suelo “esos significa, que todo lo que se construya en ese suelo, tiene que estar afectados a una serie de características, que son las que marcan el procedimiento por el cual se concedió, en este caso concreto se habla de viviendas de carácter social, en régimen de alquiler y por tanto viviendas especialmente protegidas bajo una serie de condicionantes de alquileres sociales”, lo que supone, “cualquier personas que pueda adquirir estas viviendas no puede destinarlas a otra más que a viviendas sociales en alquiler, cuyos destinatarios a esos alquileres tendrán que estar supeditados al Registro Municipal de Vivienda y tendrá que ser el Ayuntamiento de Écija quien determine a quien se puede conceder”.
El portavoz municipal ha dado esta explicación para argumentar que, de salir las viviendas a subasta, la oferta no es atractivas, y en esto confían desde el ayuntamiento, que no se presenten pujas y a partir de ese momento iniciar una negociación con el Administrador Concursal para buscar una solución a la enajenación de esas viviendas donde también se dará participación a los vecinos.
En resumen, el ayuntamiento manda un mensaje tranquilizador “no hay ningún motivo de alarma a corto plazo” y recuerda que para evitar otro tipo de problemas por incumplimiento de obligación, los vecinos tienen el compromiso de estar al corriente de pago.
La salida a subasta de las viviendas aún no tiene fecha, aunque el Gobierno local cree que será un proceso lento. En cualquier caso, lo que desde el ayuntamiento han querido dejar claro es que esta viviendas seguirán siendo viviendas sociales, sea quien sea el propietario, y que por este motivo entre los actuales inquilinos no debe de existir un motivo de alarma.
Este miércoles se ha concretado una nueva reunión con el Administrador Concursal, y el jueves se ha convocado de nuevo a los vecinos.