El plazo que tenía la Junta de Andalucía para impedir que las viviendas sociales de la calle Estatuto de Autonomía pasen a manos privadas concluía el 14 de junio. Este dato era indispensable conocerlo para enmarcar en ese plazo las acciones necesarias para impedir la adquisición, pero la administración autonómica ha esperado hasta comienzos del mes de julio para comunicárselo al Ayuntamiento de Écija desde donde ya avanzan que plantean presentar un recurso de alzada.
Los detalles se han conocido en el transcurso de una reunión mantenida este martes entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Écija, después de recibir el 2 de julio una resolución en la que se confirmaba que el Gobierno Autonómico no iba a ejercer su derecho de retracto, comunicación que llegaba quince días después de haber concluido el plazo para hacerlo.
En orden cronológico, según han explicado desde el Gobierno Local de Écija, el 14 de abril se informa a la Junta de adjudicación por subasta pública de las 91 viviendas sociales de la calle Estatuto de Autonomía, esta misma comunicación no llega al ayuntamiento hasta el 21 de mayo. Tres días después se remite un escrito desde alcaldía con destino la Junta instándola a que ejerza el derecho de retracto para que las viviendas sigan siendo de titularidad pública, y pidiendo información sobre cuándo se le había comunicado a la administración autonómica porque en ese momento comenzaban los 60 días de plazo. El 31 de mayo, en sesión plenaria ordinaria de la Corporación Municipal de Écija se aprueba por unanimidad una moción pidiendo a la Junta que intervenga y adquiera las viviendas. El 14 de junio finaliza el plazo, y desde la Junta no hay respuesta. El 28 de junio se remite por correo ordinario la resolución de la Junta en la que se confirma que no ejercerá su derecho de retracto, y dos días después, cuando aún no se había recibido el documento en el Ayuntamiento de Écija, la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, lo verbaliza en una intervención pública. Habrá que esperar hasta el 2 de julio, según el sello de entrada del ayuntamiento, para recibir el documento, y el 6 de julio se lleva a cabo una reunión, en principio, para explicar el posicionamiento de la Junta.
Horas después de ese encuentro, el viceportavoz del Gobierno Local, Sergio Gómez, ha avanzado que se estudia presentar un recurso de alzada “entendemos que hay posibles visos de nulidad de esa resolución” y sobre ello están trabajando desde los servicios jurídicos y desde la secretaría general del Ayuntamiento de Écija.
“Deslealtad institucional”
Como resultado de la reunión y de los hechos, el Gobierno Local de Écija considera que el posicionamiento de la Junta en este asunto ha sido el de deslealtad institucional “la Junta de Andalucía nos ha ido dando largas, y nos ha ido diciendo que estaban estudiando el asunto y que estaba pendiente de un informe de la jefatura de servicio de Vivienda, eso era rotundamente falso”, apuntaba Sergio Gómez, quien señalaba al mismo tiempo que desde el Gobierno Local se tienen “fundadas sospechas de que se había jugado con los plazos”, algo que manifestaron en el transcurso de la reunión a los responsables de la Secretaria General de Vivienda y de la delegación territorial de vivienda de la Junta de Andalucía.
Parlamento de Andalucía
Antes esta situación, los vecinos de las 91 viviendas se van a desplazar este jueves hasta el Parlamento de Andalucía donde el Grupo Parlamentario Socialistas va a realizar una pregunta con ruego de respuesta oral en torno a la aplicación de la Ley de tanteo y retracto de las viviendas sociales de la calle Estatuto de Autonomía.
