El sindicato provincial de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha mostrado este su rechazo a la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de reducir el número de partidos judiciales, ya que ello «obligará a miles de ciudadanos de la provincia de Sevilla a incrementar en más de 100 kilómetros sus desplazamientos para asistir al juzgado».
Además, ha señalado que el proyecto podría generar la amortización de puestos de trabajo en los juzgados y el traslado forzoso de unos 250 funcionarios en la provincia de Sevilla.
El proyecto elaborado por el CGPJ pretende reducir de 15 a cuatro los partidos judiciales en la provincia de Sevilla, según indica el sindicato en un comunicado de prensa, en el que añade que «si el criterio para determinar las nuevas cabeceras fuese el de la mayor población, las sedes de los nuevos partidos serían Sevilla, Dos Hermanas, Morón de la Frontera y Lora del Río».
El partido judicial de Écija, el número 10 de la provincia, atiende a las poblaciones de Cañada Rosal, La Luisiana, Fuentes de Andalucía y Écija, ofreciendo servicio a algo más de cincuenta mil habitantes,
En este supuesto, los vecinos de las poblaciones sevillanas de Lebrija, Pedrera, Cazalla de la Sierra, El Real de la Jara, Écija, Gilena, La Roda de Andalucía, Herrera, Casariche, Badolatosa, Lora de Estepa y Estepa «tendrían que incrementar en más de 100 kilómetros la distancia para acudir a las nuevas sedes judiciales, lo que afectaría a una población de más de 120.000 habitantes».
De su lado, otras poblaciones como Marinaleda, El Cuervo, Aguadulce, Osuna, Alanís, Guadalcanal, El Rubio, Almadén de la Plata, Martín de la Jara, Marchena, Cañada del Rosal, Los Corrales, El Pedroso, Carmona, Mairena del Alcor, El Viso del Alcor, Sanlúcar la Mayor, San Nicolás del Puerto, La Lantejuela, El Coronil, Los Molares, Las Cabezas de San Juan, Castilleja del Campo, Utrera o Aznalcóllar, «verán también incrementadas sensiblemente las distancias a las nuevas sedes de los juzgados».
Además, señala que los municipios cuyos partidos judiciales se suprimen «tendrán el coste añadido de la reducción de su actividad económica por el movimiento que genera en esas poblaciones la propia existencia de los juzgados», añadiendo que, en la provincia, 289 funcionarios «tendrían que trasladarse con carácter forzoso a las poblaciones donde se ubiquen las nuevas sedes judiciales y tendrían que recibir las correspondientes indemnizaciones por dichos traslados forzosos, que ciframos en 3,5 millones al año para esta provincia».
Por último, el sindicato muestra su preocupación por la situación en que quedarían los aproximadamente 100 funcionarios interinos que en la actualidad ocupan puestos de trabajo en los juzgados afectados. «Nos opondremos con rotundidad a cualquier pretensión de recortes de plantilla o amortización de puestos de trabajo», concluye.
