“Tipografía”

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Hay veces que las cosas me resultan tan claras, que hasta dudo de mis certezas, porque no entiendo que los demás no vean lo que yo aprecio con tanta nitidez. Es lo que me ocurre con el asunto catalán: yo cuento dos y dos, y siempre me salen cuatro.

No sé lo que indigna a esta gente. Durante los últimos años, han desfilado ante los jueces altos cargos del PP, del PSOE, de IU, de los sindicatos e, incluso, una Infanta de España. Nuestra historia reciente demuestra que, en España, el Poder Judicial es suficientemente independiente como para darle un susto al más pintado. Como debe ser.

Un Estado de Derecho es el que garantiza la Democracia y se sustenta en tres pilares fundamentales que deben mantener una total independencia entre sí: los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Pero, además, debe imperar la Ley y, para ello, se redacta una Constitución, que garantice los derechos fundamentales de todos y que, por eso, todos debemos acatar.

El Poder Legislativo (el Congreso) que es el que redacta las leyes, llegado el caso es, también, el que estudia las reformas de esa Constitución.

Por otro lado, el Poder Ejecutivo (el Gobierno), es el encargado de ejecutar lo legislado y, lógicamente, no puede actuar contra la Ley ni ignorarla.

El Poder Judicial (tribunales y los jueces), deberá velar por el cumplimiento estricto de las leyes, por parte de todos los ciudadanos sin distinción, incluyendo a los miembros del Poder Legislativo y Ejecutivo. Por eso, su necesaria independencia.

En el caso de Cataluña, el Gobierno de la Generalidad, actuó contra la Constitución de nuestro Estado de Derecho, contra su propio Estatuto de Autonomía, contra la normativa reglamentaria de la Cámara de representantes del Pueblo Catalán y contra la propia Unidad del Estado Español… y, todo, usando del estatus, las infraestructuras y los medios económicos y humanos, que le otorgaban la propia Constitución.

Lógicamente la respuesta tenía que producirse y, además, dada la independencia de poderes, esta respuesta tenía que ser de distinta índole y en distintas etapas.

El Gobierno, como Poder Ejecutivo, actuó políticamente. Advirtió a los responsables de la gravedad de sus actos y les propuso reconducir sus propuestas, por las vías que regula la propia Constitución para que pudieran abordar sus demandas.

Los independentista mantuvieron el desafío a las leyes y obligaron al Gobierno a dar el siguiente paso, con la aplicación del Artículo 155, que la Constitución ya contemplaba para estos casos. Por tanto, la respuesta del Ejecutivo, fue obligada (impuesta por la actitud independentista), proporcionada y conforme a la Ley y los principios de nuestra Democracia.

Después del Poder Ejecutivo, llega la hora de que, con plena independencia, actúe Judicial y aplique las leyes que nos rigen a todos los españoles (y, por tanto, también a los catalanes).

Cada uno, pues, está actuando según sus tiempos y sus competencias. El Ejecutivo, lo ha hecho con medidas políticas y el Judicial, lo está haciendo con medidas penales.

Llegados a este punto -y, si todos apostamos y exigimos la independencia de poderes-, no comprendo que haya quien pida que el Gobierno ejerza su influencia o para agravar las condenas, o para favorecer a los penados. ¿En qué quedamos?

Creo que si fuéramos objetivos, tendríamos que concluir que la actuación de este grupo de personas ha vulnerado todas las leyes que debían defender, provocando gravísimos daños económicos y una fractura social en Cataluña que, previsiblemente, tardará muchos años en revertirse.

Que no nos engañen: somos una Democracia, por eso tuvieron el derecho legítimo a gobernar la Generalidad según su Estatuto de Autonomía; también lo tuvieron a defender sus ideas independentistas e, incluso lo tenían para plantearlas en los órganos legislativos competentes; pero, aún así, prefirieron romper la baraja, saltarse las reglas a la torera, ir contra la Ley, acudir al victimimo y provocar una situación de gravísimas consecuencias para todos los ciudadanos a los que tenían que servir.

Sólo les falló una cosa: se olvidaron de que somos un Estado de Derecho, con un Poder Judicial independiente y, cuando los jueces actúan, no persiguen ideologías sino actividades ilegales (por eso, en nuestro país, no hay presos políticos, pero sí bastantes políticos presos) y ahora les está tocando a ellos pasar por los banquillos. Si ha llegado la hora de la Justicia… ¡que se cumpla!