.-El juzgado número 2 de Écija ha abierto procedimiento abreviado contra el ex alcalde Julián Álvarez (PA), para quien el fiscal pide un año y medio de cárcel por un delito contra la integridad moral al no impedir una campaña de desprestigio contra la directora de un geriátrico municipal.

Fuentes del caso han explicado a Efe que el juzgado número 2 de Écija ha remitido las actuaciones a un juzgado penal de Sevilla para celebrar juicio, una vez que Álvarez y otros tres dirigentes del PA procesados han depositado un aval de 9.850 euros para hacer frente a las futuras responsabilidades civiles.

La apertura de juicio se ha decretado una vez que se han rechazado todas las peticiones de archivo de los procesados y cuando la acusación, que en un principio era por un delito contra los derechos de los trabajadores, ha quedado concretada en un presunto delito contra la integridad moral.

La Fiscalía de Sevilla ha pedido un año y medio de cárcel para cada uno de los cuatro acusados: Álvarez, el ex teniente de alcalde Manuel Lazpiur, el ex secretario de Organización del PA Francisco Javier Fernández Franco y la concejala María Teresa Chacón, acusados de emprender una campaña contra la directora del geriátrico municipal, que fue despedida en 2002.

Su objetivo, según la acusación, era "menoscabar su integridad moral, humillarla y poner en duda su honor".

Sostiene la Fiscalía que el despido de la directora del geriátrico fue declarado improcedente por los tribunales, lo que generó "un clima de tensión" entre el Ayuntamiento y los trabajadores por la voluntad del consistorio de privatizar su gestión.

En ese contexto, el acusado Lazpiur aseguró en un pleno municipal que se había iniciado una investigación que revelaba que en el geriátrico se habían producido treinta caídas en un año, pese a que en ningún momento se llevó a cabo tal indagación, además de imputar a la trabajadora irregularidades con las cartillas de ahorro de los ancianos.

En abril de 2002, en una circular a afiliados del PA, Francisco Javier Fernández continuó la campaña de desprestigio exigiendo "responsabilidades" a la denunciante y pidiendo cuentas por el hallazgo de una caja de zapatos con 2.900 euros.

La Fiscalía imputa al ex alcalde Álvarez no haber hecho nada para evitar los comentarios vejatorios, denigrantes y "carentes de veracidad" contra la afectada, pese a tener a su alcance los medios para hacerlo, y a la concejala Chacón le imputa permitir que continuaran las "infamias" pese a que tenía "pleno conocimiento" de la correcta actuación de la denunciante.